Con relación al escándalo de corrupción vinculado a la Odebrecht, el gobierno dominicano ha adoptado una actitud que podríamos catalogar como ligera, si consideramos los montos envueltos y las muy diferentes posiciones tomadas por otros gobiernos también afectados por el delito.
Lo primero que hay que advertir es que el robo no es por US$92 millones, sino por US$257 millones. La primera cifra es el dinero que le tocó a los funcionarios públicos e intermediarios, pero US$165 millones es el monto sobrevaluado que le tocó a Odebrecht gracias a esos sobornos. En ambos casos cobró demás y las dos partidas las pagó el Estado dominicano.
Lo segundo es que, al igual como han hecho otros países afectados, Ecuador, Perú y Panamá, la empresa brasileña debe ser colocada en una lista de compañías que no pueden licitar en el país, mientras no haya resarcido al Estado.
Lo tercero es que, de inmediato, se deben revisar los dos contratos bajo los cuales todavía opera en el país: el de Punta Catalina y el de la carretera Miches-Sabana de la Mar. En estos dos casos habría tiempo para indagar si hubo sobrevaluación y/o pago de comisiones y dejar de pagarlas. El decreto del Presidente Medina del martes pasado está bien intencionado, pero esa comisión requiere de un equipo técnico, incluyendo firmas extranjeras, para poder realizar una auditoría forense.
Lo cuarto es que, al igual que en Argentina, nuestro gobierno debe pedir al Departamento de Justicia de Estados Unidos detalles sobre los pagos. También al gobierno de Brasil. Ya una cubano-americana, miembro de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, pidió al Departamento de Justicia de su país los nombres de los que recibieron sobornos en el caso de Perú. Bien podría el novato Adriano Espaillat, nuevo miembro de la Cámara de Representantes y de origen dominicano, solicitar lo mismo para el caso de nuestro país.
Lo quinto es tomar nota que ya la fiscalía peruana llegó a un acuerdo extrajudicial con Odebrecht de carácter preliminar, bajo el cual esa empresa se compromete a entregar toda la información y, además, a pagar cerca de US$9 millones como adelanto por la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente. La Procuraduría dominicana está lejos de llegar a un acuerdo parecido.
Lo sexto es que dado el monto del fraude, unos US$257 millones, que debe de compararse con nuestros presupuestos de salud y educación, el Presidente Medina debe de pronunciarse, tal y como ya lo hicieron los presidentes de Panamá y de Perú. Kuczyinski estableció la muerte civil para los corruptos, tal y como lo hizo Juan Bosch en su Constitución de 1963. El Procurador General peruano dijo: “Las ganancias ilegales que obtuvo la empresa deben de ser retornados al Estado peruano”, refiriéndose tanto a los sobornos, como a las sobrevaluaciones, US$29 millones y US$143 millones, respectivamente. El Presidente Valera de Panamá dijo algo parecido y la Vicepresidenta y Canciller de ese país declaró que Odebrecht tiene que devolver los sobornos, aunque sea en 10 ó 20 años. Odebrecht Panamá expresó su “entera disposición” de cooperar en un país donde, al igual que la República Dominicana, construye obras mayores, como el metro y la ampliación del aeropuerto.
Odebrecht, según se reporta desde Brasil, “se convierte ahora en una amenaza real para los representantes del poder en América Latina y abre la caja de pandora de la corrupción de la región”.
¿Permitirá el PLD que en nuestro país sepamos quiénes fueron los corruptos y lograremos la devolución de la plata? El PLD actúa como una corporación (PLD, C. por A.) y es común que los fondos de la corrupción sean entregados al partido, en vez de quedar en manos de intermediarios. No es casualidad que en más de una ocasión el Tesorero del Partido haya sido también Ministro de Obras Públicas y tampoco es casualidad que nuestro gobierno solo investiga los casos que “explotan” en el extranjero al no existir voluntad política para delatar los otros.
Como en el partido hay una lucha por la candidatura del 2020, bien pudiera ser que el desenlace del escándalo Odebrecht sea selectivo, concentrándose en las obras financiadas durante la gestión de Leonel Fernández y sin llegar este a los profundos niveles de Perú, Panamá y Ecuador. Ojalá equivocarnos.
Hoy
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