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martes, 16 de mayo de 2017

Carlos Amarante Baret ejecutó decisión Poder Ejecutivo de no aceptar campamento

Carlos Amrante Baret, ministro de Interior y Policía, brazo ejecutor de los actos violentos ocurridos en las afueras de la PGR por instrucciones superiores.

Gobierno de Danilo Medina se vuelve intolerante en la medida que su popularidad repta
AZUA SERÁ LA RESPUESTA A LA VIOLENCIA DEL RÉGIMEN
El Ministerio de Interior y Policía como si los ciudadanos fuésemos unos tarados dice que las protestas pacíficas deben realizarse dentro del marco del respeto a la Constitución de la República y las leyes, sin violentar el derecho de los demás, el libre tránsito y el desenvolvimiento normal de las instituciones, como si las actuaciones de contubernio con el crimen, el robo y la impunidad no fueran más lesivos que el hecho de que un grupo de jóvenes acampen en los predios de una propiedad pública.

Dice Carlos Amarante Baret que instalar un campamento durante cinco días y diez horas diarias es un exceso que vulnera el orden público en una zona donde además de la Procuraduría General de la República, está la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional, entre otras instituciones que verían afectadas sus actividades; instituciones que más descrédito no les cabe y que están en el deber de responder por su complicidad en el mantenimiento de la anomia que corroe al Estado.

Argumenta el ministro de Interior y Policía, quien admitió públicamente que a los ciudadanos se les espía, que la instalación de una carpa (en el área verde) como tenían planificado grupos de protestas habría trastornado también el orden y el derecho que a su vez tienen los demás ciudadanos de transitar por la vía pública sin mayores riesgos ni limitaciones.

Como puede verse los argumentos del gobierno son risibles y no es más que la intención de amedrentar a un pueblo empoderado que reclama el cese del robo de los recursos públicos y la impunidad que los cubre, pero que quienes están al mando no están dispuestos a aceptar el nuevo cambio de reglas y acuden a la violencia sin importar llevarse de encuentro la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.

La popularidad del gobierno cae a niveles miserables y la represión que ejerce sobre el pueblo da más razones para que este domingo 21 marche en Azua contra la impunidad y la corrupción.


Juan Santos / DLRD

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