La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la cual quita la nacionalidad a quienes ya la tenían desde el año 1929 hasta la fecha por ser descendientes de inmigrantes irregulares, es el resultado del estado de situación del sistema de representación política que vive la República Dominicana.
Y es que el pueblo dominicano ha perdido capacidad para elegir, siendo sus gobernantes el resultado de procesos electorales extremadamente inequitativos, con árbitros parciales y corrupción estatal.
Es así que la presidencia de Danilo Medina es por mucho, el resultado de un acuerdo con la corriente del expresidente Leonel Fernández y con él, sus aliados la Fuerza Nacional Progresista, FNP y el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, principales representantes de los sectores más conservadores del país.
Lo anterior explica la enorme preponderancia que hoy tienen las dos organizaciones de derecha, quienes dirigen las políticas del Estado en materia de migración, relaciones internacionales y corrupción.
El resultado son unas políticas que golpean a la población más pobre del país, los/as dominicanos/as de ascendencia haitiana, convirtiéndoles en apátridas, proceso que ya venía desarrollándose desde el año 2007 por la Junta Central Electoral, que negaba de manera sistemática la documentación a esta población.
Hoy el país es una especie de “paria del Caribe”, como resultado tanto de la sentencia 168-3, como de la torpe gestión internacional que desarrollara el Ministerio de Relaciones Exteriores, agravando la situación.
Con respecto a la corrupción, sólo citar que el presidente Medina entiende la persecución del robo al erario público producido en la pasada gestión electoral como un acto de retaliación innecesario, con su famosa frase de “no tirar piedras para atrás”.
Entonces, si quienes sufren las políticas son los más pobres y quienes se benefician son los sectores más recalcitrantes de la vida nacional, ¿a quién representa Danilo Medina?
Olaya Dotel
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