La compra de dos plantas a carbón de 300 Mvs. cada una, es un negocio muy grande como para darlo por cerrado de manera tan simple. Sacar dos mil 400 millones de dólares a una economía tan pequeña como la nuestra, no es paja de coco. Sobre todo, si la operación ha sido cuestionada por la sentencia de un tribunal de las altas cortes. La suerte y estabilidad económica de 10 millones de dominicanos está por encima del montaje de un concurso, por bien que haya sido llevado. Un memorando aprobatorio no supera la soberana decisión de un juez.
Explicados algunos puntos, el vicepresidente de la CDEEE, señor Rubén Jiménez Bichara, podrá cantar bingo. Que haya fuertes intereses enfrentados es parte del juego político y refriegas, siempre presentes en tales operaciones. Nada imprevisible, para lo cual el señor Jiménez Bichara debió estar preparado, a menos que ignore los efectos naturales de estas lides.
Planteada la disputa como una cuestión al margen de los intereses de la nación, se le presenta la brillante oportunidad de hacer gala de patriotismo y decoro explicando a la ciudadanía y al jefe del Estado por qué dos plantas cotizadas en 1,500 millones de dólares fueron contratadas finalmente por 2,400 millones de dólares, tema que la jueza Delfina de León trae a colación en una sentencia que pudo ser, sino mejor motivada, sí más actualizada.
Propicia la ocasión para informar al país sobre las iniciales negociaciones con Vancouver Diesel Consulting, Inc (VDC), empresa que remite a la CDEEE una detallada oferta de 166 páginas, en febrero del 2013 (en nuestro poder con otras propuestas de financiamiento y venta). Se trata de dos generadoras de 600 MV, diseñadas y construidas para Carolina del Sur, que suspendió la compra por razones económica (alegato contenido en la oferta). Procede verificar, sin embargo, las razones por las que el Estado norteamericano desistió.
Lo cierto es que la propia VDC advierte sobre su impacto ambiental, debido a la ceniza flotante y sumergida, así como por los gases de combustión, elementos profusos e inevitables durante su funcionamiento. Conocidos los detalles en este aspecto, vale la pena sopesar ahorros versus daños a la calidad de vida de los pobladores de comunidades aledañas a Punta Catalina, de la provincia Peravia, donde se levantan. Sobre este aspecto, la VDC formula recomendaciones preocupantes, que no sabemos si han sido contempladas en la ejecución del proyecto.
Es oportuno saber si estamos hablando de las mismas centrales termoeléctricas que se propone levantar la CDEEE o si la firma contratada, Odebrecht, se decidió por otras. De todo modo, procede conocer su negativo impacto.
Eduardo Álvarez
cenitcorp@gmail.com
http://elnacional.com.do/plantas-bajo-la-lupa/
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