El diputado Vinicio Castillo Semán, de la FNP, aliada del gobierno, ha acusado al entorno del presidente Danilo Medina de aliarse con el narcotraficante Quirino Paulino para desacreditar al expresidente Leonel Fernández y dejarle así abierto el camino a la reelección. La acusación es grave y amerita una investigación a fondo por parte del Ministerio Público y de la Dirección de Ética, al frente de la cual se encuentra desde hace años, el doctor Marino Vinicio Castillo, su padre.
Por lógica elemental la investigación debería partir de los hechos que motivaron la acusación del legislador. Es decir, que tanto la Fiscalía como la Dirección de Ética deben interrogar al capo para establecer si su denuncia acerca de la entrega de dinero sucio, proveniente del negocio ilícito del narcotráfico, al hoy expresidente Fernández para su campaña electoral y fundación personal, tiene asidero, o por el contrario carece de sustento. Si lo primero es confirmado entonces no tendrían más opción que iniciar un proceso judicial por complicidad en contra de quien ha sido tres veces presidente de la República. Si la investigación demuestra lo contrario, entonces el afectado tendría pleno derecho de someter a los tribunales al capo por difamación, con lo cual quedaría limpio el buen nombre de la República y, por supuesto, el suyo. Por igual, es obligación de ambos órganos del Estado indagar al legislador porque su acusación sugiere una especie de sórdida conspiración para alterar la buena marcha del proceso electoral, comprometiendo de pasada en esa trama a la misma presidencia de la República.
De todas maneras, nos agrade el legislador o nos disguste el narco, las autoridades tienen ante sí dos graves denuncias que no pueden quedar en el limbo. Primero porque el capo se ha puesto a disposición de la Fiscalía para ser investigado sobre su denuncia e igual debería hacer ahora el legislador con respecto a la suya.
Miguel Guerrero
La Columna de Miguel Guerrero
elCaribe
No hay comentarios:
Publicar un comentario