Con la ratificación del auto de no ha lugar de la Suprema Corte de Justicia a favor de Félix Bautista y otros seis imputados de corrupción por la Procuraduría General de la República, finaliza un proceso largo y tortuoso que no dejó beneficios a ninguna de las partes involucradas y que en cambio provocó un profundo daño a la Justicia dominicana.
El senador Bautista dio gracias a Dios al salir de la audiencia que lo libera de someterse a juicio público, oral y contradictorio donde hubiera tenido la oportunidad de demostrar que son “mentiras infamantes” las acusaciones del Ministerio Público, pero prefirió una victoria pírrica.
En lo adelante no tendrá que preocuparse por una condena penal, pero cargará por siempre con la condena social que suele ser más severa que la propia cárcel. Porque al no demostrar su inocencia, queda marcado como un político que fue al Estado para aumentar su patrimonio y que se valió de tretas y artilugios para no enfrentar a la Justicia.
Prefirió evadir el proceso por la vía rápida en lugar de aprovechar el escenario judicial para imponer “su verdad” desvirtuando todas las cosas que la gente piensa y dice de él y que están formuladas en ese expediente. El no ha lugar que lo exime de juicio es, al mismo tiempo, su condena perpetua al escarnio público.
En cuanto al procurador Francisco Domínguez Brito, quedó demostrado que nunca le interesó una persecución seria que estableciera un precedente, aunque fuese simbólico, sobre el régimen de consecuencias que pudiera acarrear la corrupción desde una función pública y que sirviera de escarmiento a los políticos dominicanos.
No se puede decir que perdió con la decisión de la SCJ. Porque según sus cálculos este caso, que preparó sin interés de lograr una condena, le servía de plataforma para su proyecto político personal, aunque terminó revelándolo como un funcionario que asume con poca seriedad responsabilidades tan delicadas... Y una persona así no está calificada para ocupar un cargo que exige prudencia y seriedad.
Nadie duda que el Procurador sea un hombre honrado en términos financieros porque ni siquiera sus más enconados adversarios son capaces de vincularlo a algún acto de enriquecimiento ilícito. Pero ir al Estado a robar no es la única carencia de honestidad en un funcionario público: prevaricar es también una falta muy grave... Y prevarica quien falta a los deberes de su cargo o trata de utilizar los privilegios atinentes a una función pública en beneficio propio.
Por tanto, a pesar de haber obtenido excesiva figuración pública --lo que realmente buscaba lanzando a un compañero de su propio partido a la hoguera política--, Domínguez Brito no puede sentirse ganador cuando su imagen quedó tan desmejorada ante la sociedad.
Nadie lo resume mejor que la magistrada Miriam Germán Brito en su voto disidente cuando señala que la Procuraduría manejó mal ese expediente y que “no presentó asuntos coherentes, precisos y detallados” para sostener la acusación.
“Conozco el proceder de un sector del Ministerio Público que actúa como si su teoría del caso fuera prueba, palabra de Dios, y que la función del que juzga se limita a un sonriente amén. El mismo sector que cuando no se le complacen todas sus pretensiones recurre a denostar al juzgador sin examinar con sentido autocrítico lo que le corresponde en el proceso”Ö Remató la magistrada Germán, cuya integridad jurídica y personal se encuentra fuera de toda duda.
Peor aún es que debido al proceder de Domínguez Brito perdió también la lucha contra la corrupción. Porque gracias a su papelazo en el “Félixgate”, se confirmó la ausencia de un régimen de consecuencias, se reforzó la impunidad y aumentó el descreimiento de los ciudadanos en el sistema judicial y también en el sistema político imperante.
Lo lamentable es que la gran derrotada es la justicia dominicana porque ha sido puesta de mojiganga por ambiciones políticas, vedetismos, falta de escrúpulos, rapacería y desfachatez conque ambos sectores actuaron en este caso.
La justicia no tenía forma de salir bien. Un expediente mal instrumentado que venía condicionado por la vagabundería del archivo de “todas la investigaciones en contra de Bautista” dictado por Hotoniel Bonilla unas horas antes del cambio de mando en agosto del 2012, no podía tener otro resultado al ser examinado --sin pasiones y sin presiones--, únicamente apegado al estricto criterio jurídico.
Despojado de fanatismos y animosidades personales, el no ha lugar del magistrado Moscoso Segarra que condujo a la apelación fallada el pasado miércoles es un tratado al buen Derecho, sobre todo en cuanto a la preservación de las debidas garantías para los imputados.
Pero a la sociedad dominicana no hay quien le haga entender que una persona que ingresó al Estado con un patrimonio que apenas superaba los 500 mil pesos, 20 años después, y sin que se le conozca ningún emprendimiento importante, exhiba una fortuna tan cuantiosa que ni él mismo puede precisar a cuánto asciende... Y que no le importe ofrecer explicaciones sobre el origen de tal patrimonio.
De ahí que la Suprema no tenía forma de salir bien parada de este lío en que la metieron quienes irresponsablemente judicializaron sus problemas políticos... Quedaba mal si decidía de acuerdo al Derecho... Y mal también si acudía al populismo judicial y complacía el ánimo de la “gleba insurrecta” que pedía sangre en el circo romano...
¡...Y entonces, así terminó la justicia: manchada por el fango de la politiquería!
Óscar Medina
Listín Diario
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