SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La decisión del expresidente Leonel Fernández de optar por un nuevo período presidencial en el año 2008, fue el detonante del desbordamiento del gasto público, tal y como lo establece el informe de la comisión técnica del Consejo Económico Social en su informe sobre el déficit de este año 2012, que alcanzó la cifra de 187,000 millones de pesos, equivalentes al 8.5 % del producto interno bruto según estimaciones del Fondo Monetario Internacional.
Y en efecto, de conformidad con el análisis de los datos presentados por los miembros de la comisión, durante los años 2006 y 2007 los gastos gubernamentales crecieron a un ritmo similar a los ingresos, con un déficit de apenas 0.1% del PIB en 2006 e incluso un superávit de 0.3% del PIB en 2007.
El detalle es –destacan- que no ocurre lo mismo durante el 2008, cuando con un crecimiento del 5.1 % en los ingresos, el gasto se incrementó en 29.8 %, iniciándose así una carrera de déficits anuales continuos de alrededor de 3 % del PIB en las cuentas fiscales, lo que creó una situación sin precedentes en el presente año.
“En suma, se puede observar que, durante el período 2006-2012 se verificó un crecimiento promedio anual de 11.5 % en los ingresos, pero durante ese mismo periodo los gastos crecen a un promedio anual de 25.0%. Es decir, que el incremento promedio anual de los gastos duplicó el crecimiento experimentado anualmente en los ingresos gubernamentales. Y es esa la primera explicación del tamaño de la brecha fiscal en que ha incurrido el gobierno”, afirma.
Causas del déficit del año 2012
Las causas del extraordinario actual déficit público, cinco en total, según la comisión, han sido reconocidas e identificadas por aquellos que tomaron la decisión de generarlo y que incluye al expresidente Fernández y al jefe de su equipo económico, Temístocles Montás, quien continúa al frente de este.
En ese sentido, citan como causales la disminución de los ingresos tributarios presupuestados, el aumento del subsidio al sector eléctrico, el alza en los precios internacionales del petróleo que no fueron transferidos a los precios internos de los combustibles, transferencias hechas al Banco Central para pagar los intereses del déficit cuasifiscal de esa institución y, finalmente, el incremento del gasto de capital para terminar obras.
En lo que respecta a los dos primeros argumentos, recuerdan las advertencias hechas por profesionales de la economía cuando fue sometido al Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para el año 2012, en el sentido de que la pieza estaba sobreestimada en varias fuentes de ingresos y subestimadas las transferencias que tendrían que ser realizadas al sector eléctrico para cubrir su déficit.
“De manera, que mal puede alegarse ahora que los ingresos han sido insuficientes en relación a lo presupuestado –añade— pues esa sobrestimación fue hecha deliberadamente por las autoridades, aun cuando la misma se había advertido de manera oportuna, juntamente con el señalamiento sobre la subestimación de las apropiaciones consignadas para el sector eléctrico”.
Más aún, con esa formulación presupuestaria del Poder Ejecutivo y su aprobación por el Congreso, se violó el Artículo 11, literal e) de la Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, que establece el “Principio de sinceridad” en el sentido de que “todos los recursos y gastos deben ser estimados con la mayor exactitud y acuciosidad posible“.
En el análisis, los expertos reflexionan: “Aceptando la cifra de 48,387 millones, suministrada por el Ministerio de Hacienda como el valor que será transferido a la CDEEE para cubrir su déficit del 2012 y restando los 10,680 millones que se consignaron para este propósito en el Presupuesto 2012, nos queda una diferencia de 37,707 millones, valor que solo presenta un 20 % del déficit que ese mismo Ministerio ha calculado para el sector público en el año 2012”.
Concluyen que aun no fuese una actuación deliberada, el aumento del déficit fiscal nunca podrá ser justificado por insuficiencia de ingresos con relación al estimado presupuestario, debido a que la citada Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público establece de manera categórica en su Artículo 44 que “las apropiaciones aprobadas por el Congreso de la República constituyen el límite máximo de gasto, sujeto a la disponibilidad efectiva de los ingresos estimados de que podrán disponer los organismos públicos comprendidos en este título con el propósito de cumplir con las políticas, objetivos, resultados y metas previstas”. En ningún caso un derecho adquirido por las unidades ejecutoras de cada organismo público contemplado en este título.
Respecto del argumento de las alzas internacionales del petróleo y sus derivados no transferidos a los precios internos de los combustibles, el informe señala que: “El expresidente Fernández admite que en el año 2012 se estuvo violando la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos que, entre otras cosas, ordena hacer dichos ajustes de manera periódica para evitar, precisamente, que los ingresos tributarios previstos de esa fuente sufran alguna merma durante un determinado período”.
Aún más, subrayan: esa ley también fue violada en su Artículo 8, que manda a fijar los precios de los combustibles a partir del precio de compra en el mercado internacional, más la tasa de cambio, en vez de hacerlo en base a la fórmula contenida en el decreto 307-01, de fecha 2 de marzo de 2001, que lo establece a partir del precio de paridad de importación del petróleo intermedio del Oeste de Texas, un precio referencial, no real, y que el país no consume.
Resaltan la coincidencia de que las violaciones de la Presidencia a la ley se produjeran precisamente en los meses de la campaña electoral que culminó con las elecciones celebradas el 20 de mayo de este mismo año.
“Por lo demás”, agregan, “las recaudaciones provenientes de impuestos sobre hidrocarburos durante el período enero-septiembre 2012, muestran un incremento de 9.7 % con relación a igual periodo del año 2011, según el informe de recaudación de la DGII”. Más aún, “si para fines de análisis consideráramos la merma de las recaudaciones por hidrocarburos con relación a la estimación presupuestaria 2012, veríamos que las cifras de la DGII reflejan una disminución de 3,206.2 millones de pesos por este concepto, para el período enero-septiembre. Vale decir, que si proyectamos para el año 2012 completo, la disminución sería de 4,275 millones, que apenas explicaría un 2.7 % del déficit del Gobierno Central o el 2.3% del déficit del sector público consolidado”.
Los técnicos refutan el alegato de que el déficit obedece a las transferencias al Banco Central para cubrir el cuasi-fiscal, y señalan que es la Ley No. 167-07, de fecha 13 de julio del 2007, la que establece los mecanismos legales y financieros para la recapitalización de esa entidad, por lo que fue en aplicación de esta ley que en el Presupuesto del Gobierno Central para el año 2012 se consignó una partida de gasto de 23,783 millones para el pago de intereses.
De manera enfática invalidan el argumento de que esa partida es causante del desbordamiento verificado en el gasto, pues la misma ya estaba consignada en el Presupuesto original del año, que solo reflejaba un déficit del Gobierno Central de 22,444 millones (0.9 % del PIB) para todo el año.
Una razón adicional para rechazarlo es la declaración del Gobernador del Banco Central, de que el Gobierno Central solo le ha entregado este año un poco más de 11,000 millones, dicen.
Analizadas las razones, los miembros de la comisión concluyen en que las partidas de gastos señaladas por el expresidente Fernández y por el actual equipo económico gubernamental como las principales causantes del déficit fiscal, explican menos de la cuarta parte del mismo.
“Lo cierto es que, en adición al significativo aumento verificado en el gasto corriente, la principal causa del déficit tiene que ver con el desmesurado incremento del gasto de capital, admitido por el propio ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, tanto del gobierno saliente como del entrante, Temístocles Montás, cuando dijo públicamente que fue ‘la cantidad de obras que el presidente Leonel Fernández entendía que debía terminar antes de irse del poder, lo que expandió el gasto en la administración pública en más de un 2 % del PIB, ya que a final de junio el déficit era por lo menos 3.3 % del PIB, y se aceleró con las obras que se terminaron’”.
El informe agrega que el ministro Montás confirma que fue decisión del presidente Leonel Fernández aumentar el gasto de capital en un 2.4 % del PIB --entre 50,000 y 60,000 millones de pesos— para terminar obras antes de salir de la presidencia, lo que explica por qué algunas de ellas que contaban con un presupuesto específico en la Ley de Presupuesto terminaron con aumentos que porcentualmente excedían hasta en 15,000 % lo consignado en la ley, o se iniciaron obras que no habían sido presupuestadas.
Ilustran la afirmación en la implementación de “programas de pavimentación y asfaltado de calles, avenidas, carreteras y caminos vecinales, que el Presupuesto General de la Nación había asignado gastos al Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la suma de 7,553.09 millones de pesos, ya a mayo llevaba ejecutado 12,253.83 millones de pesos, para una sobre ejecución de 62.24 % sobre lo dispuesto por la ley, todo esto antes de que fuera aprobado el Presupuesto Complementario”.
Concluye el informe que todo lo ocurrido viola Artículo 236 de la Constitución sobre la validez de erogación --ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente— y un número importante de disposiciones legales.
“Esta violación ha sido confirmada por el FMI, que en su comunicado del 18 de noviembre de 2012 informó que ‘una gran proporción del gasto público se ejecutó por encima de las apropiaciones presupuestarias correspondientes, reduciendo así la transparencia de las operaciones presupuestarias’”.
Ivonne Ferreras
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