Por las razones que fueren, alterar un decreto es un delito grave, que debe investigarse y sancionarse. Es lo que ha ocurrido con el decreto 236-11, a través del cual el presidente Leonel Fernández pensionó a siete cronistas deportivos y 25 locutores con 25 mil pesos mensuales a cada uno.
Del decreto, emitido el 13 de abril de este ño, fue suplantado el nombre del periodista Félix Radhamés Díaz, de El Nacional. Se comenta que la sustitución, en la que se vincula al ministro de Deportes, Felipe Payano, fue por retaliación política.
Pero cualesquiera sean las razones se trata de la alteración de un documento público, en este caso una orden del Presidente de la República, que tiene que ser investigada y sancionada. El decreto, según pudo determinarse, salió del Palacio Nacional para la Asociación de Cronistas Deportivos como había sido expedido por el Presidente.
Pero cuando se investigó en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el nombre de Díaz había suplantado por el de una persona de apellido Taveras. Tratándose de un delito que implica desconocer la autoridad del Presidente se espera que el caso no sólo se investigue y sancione, sino que se corrija.
Cójanlo / El Nacional
http://elnacional.com.do/pagina-dos/2011/6/21/86697/Cojanlo
No hay comentarios:
Publicar un comentario