Sin reparar en su pertinencia o no, el paquete impositivo que el Gobierno ha enviado al Congreso parece salido del sombrero de algún prestidigitador, pues no se tenía conocimiento de que en el ámbito oficial se elaboraría de la noche a la mañana ese legajo de impuestos que procura recolectar este año más de nueve mil millones de pesos requeridos para tapar un sobregiro fiscal.
Esa premura tendría su razón en la versión no confirmada de que la Misión del Fondo Monetario que revisó las cartas de intención referidas al Acuerdo Stand by impuso como condición para mantener ese convenio que ese hueco fiscal se tapara con recursos generados por la administración tributaria.
El FMI ha ido acortando la soga al Gobierno al imponerle una reducción en el déficit fiscal de 4.2 del PIB en 2009 a 2.4% en 2010 y a 1.4% en 2011, que en términos absoluto sería de 33 mil millones de pesos, tope que no se podría cumplir sin recurrir a financiamiento o por vía de impuestos.
La sospecha de que ese paquete fiscal salió de algún sombrero se basa en que es ahora cuando las autoridades procuran concertar con los sectores que serían afectados de manera frontal por esa propuesta de tributo que ya está bajo el ámbito de un Poder Legislativo que debería fungir como auténtica peña dialogante.
Las causas de ese déficit fiscal están situadas en el incremento de las transferencias presupuestarias para cubrir el déficit operativo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) (700 millones de dólares) y para el programa de disminución del déficit cuasi fiscal del Banco Central, (18 mil millones de pesos) que en conjunto sumarían unos 45 mil millones de pesos.
Lo que no se entiende es por qué el Gobierno aceptó incursionar en la aventura de un ajuste fiscal, en vez de reclamar del FMI, que le permita la dispensa de mantener el déficit fiscal de 2011 al nivel de 2010 (2.4% del PIB), lo que permitiría financiar los nueve mil millones del sobregiro.
Tampoco se comprende por qué las autoridades no reclaman al FMI que se cumpla con el proyecto incluido en la primera carta de intención por el Ministerio de Hacienda para modificar la Ley de Capitalización del Banco Central, que elevaría de 10 a 15 años el plazo para conjurar el déficit cuasi fiscal.
Ese sólo estatuto, que el FMI eliminó de manera unilateral, permitiría un ahorro de nueve mil millones de pesos en la partida consignada al Bancentral en la Ley de Gastos 2011, suma que serviría para tapar el hoyo fiscal, sin necesidad de aplicar un indeseable paquete tributario.
El Gobierno debería insistir con el FMI en la modificación de la Ley de Capitalización del Banco Central o en mantener el nivel permitido del déficit fiscal a la meta alcanzada en 2010, como forma de procurar los más de nueve mil millones de pesos que se requieren para equilibrar el Presupuesto 2011, en vez de aplicar un remedio que a la postre resultará peor que la enfermedad.
Editorial El Nacional
Caricatura: Cristian Hernández
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