El cinismo y alevosía reflejadas en la fecha escogida por los jueces encargados del mandato político de evacuar las infames sentencias que absuelven a un senador y un alcalde del partido de gobierno, imputados de graves actos de corrupción, lavado de activo, etc., constituyen actos de prepotencia (abuso de poder) propio de los regímenes esencialmente dictatoriales. Esas sentencias no solo evidencian el envilecimiento de nuestros sistemas judicial y de representación política, sino que nos retratan como sociedad.
Toda persona con un mínimo sentido de la decencia debe sentirse indignada y avergonzada por la violación al debido proceso, la alevosía y vileza contenidos en las referidas sentencias. Pero es necesario ir más allá de la condena a las mismas, reflexionando sobre las causas que las producen y la actitud que ante situaciones parecidas ha tomado la generalidad de las diversas clases y grupos sociales que configuran la sociedad dominicana, así como la pluralidad de actores políticos de oposición.
Toda persona realmente seria sabe y dice que la esencia de esas sentencias tienen como trasfondo el equilibrismo entre las facciones de Danilo y Leonel en la disputa entre ambos por el control del Estado. Que son expresiones de una forma de representación política en los poderes del Estado altamente corrompida, cuya mayor responsabilidad recae en partes iguales, fundamentalmente, en esas dos figuras.
Que un Senador, además Secretario de Organización del partido de gobierno y acogido por el presidente de ese partido como su “hijo político”, esté acusado de lavado de activo por el Procurador General de la República de ese gobierno y que el Alcalde de una de las más importantes ciudades de una región del país fuese absuelto de una acusación corrupción hecha en base a un informe de la Cámara de Cuentas, constituyen ejemplos de a quienes representan muchos “representantes” en el Congreso, en los municipios y en los partidos.
Esa circunstancia, la existencia de una sociedad altamente permisiva, con acentuada falta de sentido cívico, en gran medida debido a la inexistencia de un régimen de consecuencias y una oposición pendenciera, fratricida y tendencialmente suicida, entre otros lastres, constituyen los factores básicos que hacen viable la prepotencia de la corporación PLD, dándose el lujo de apostar, generalmente con éxito, a la pasividad de la población y hacer que su Justicia y su juez evacuen semejantes fallos. Algo impensable en otros países de la región.
Lo hacen, porque en circunstancias parecidas la reacción de la población ha sido esencialmente pasiva o ha protestado en pequeños e ineficaces grupos. Por tanto, ha de esperarse que esta vez no se repita la experiencia de las protestas aisladas y esencialmente inútiles de la oposición. El sentido de responsabilidad política obliga a que, sin que nadie renuncie al derecho de hacer sus particulares acciones, se organice una potente manifestación unitaria de condena en todo el país y todos los países donde exista una comunidad de origen dominicano numéricamente importante.
Así podría iniciarse la ruptura de la imagen que reflejan esas dos sentencias. Esa y otras acciones deberían hacerse después de Semana Santa y deberían decidirlo unitariamente las expresiones políticas y de la sociedad civil dominicanas.
César Pérez
Hoy
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