El resumen, bien desmenuzado, del expediente acusatorio del Ministerio Público contra el senador Félix Bautista y su red societaria, hecha por el doctor Francisco Alvarez en el primero de una serie de artículos en Acento, nos obliga a preguntarnos: ¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia ignore las monstruosidades que allí se detallan contra el patrimonio público? ¿Cómo justificar la despreciativa actitud de esos jueces ante una sociedad atribulada por la ausencia de voluntad para hacer cumplir los mandatos que la Constitución y las leyes ponen en sus manos y en sus conciencias?
Si el más alto tribunal y las demás altas cortes desestiman por razones partidarias los graves cargos que se exponen en ese y en otros voluminosos expedientes, los ciudadanos quedaremos definitivamente desprotegidos, sepultado el estado de derecho y la impunidad institucionalizada, como advirtiera la responsable del departamento anti-corrupción Laura Guerrero Pelletier. Lo que la Procuraduría General de la República ha llevado ante la Suprema Corte es un rosario de actividades criminales que deben ser juzgadas por el buen nombre de la República.
Se alega, para mayor vergüenza del sistema judicial y político, que detrás de la acusación contra el senador y alto dirigente del partido en el poder, está la intención de atrapar al expresidente Leonel Fernández, como si ese fuera un argumento válido en un proceso. Aún en el caso de que esa intención existiera resultaría irrelevante si los cargos tienen base. Además, es sorprendente que el señor Fernández, quien dirigió el país en los años en que supuestamente se cometieron esos hechos, guarde silencio, en clara actitud de rechazo a un expediente al que varias instituciones del Estado, entre ellas la de Impuestos Internos, han aportado datos relevantes.
Miguel Guerrero
La Columna de Miguel Guerrero
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