Durante sus primeros discursos de rendición de cuentas, en febrero 2013 y febrero 2014, el Presidente Danilo Medina prometió reducir la proporción de la electricidad que las Edes no cobran. Ante el fracaso en lograrlo (a las distribuidoras estatales solo les interesa ofrecer luz durante 24 horas), optó por no volver a mencionar esa promesa, la cual probablemente solo se lograría privatizando a las Edes. Esa proporción incobrable se mantiene hoy en el 34% del 2013. Cuando entre Catalina la Grande un 34% de su generación es probable que tampoco se cobre. Esto dependerá de si hay reducción en el precio al consumidor que estimule a pagar.
Esta semana el Presidente tampoco mencionó el tema, pero sí repitió la conocida acusación de la CDEEE de que generadoras privadas han estado boicoteando la construcción de Catalina La Grande, pues ganan mucho dinero y dejarían de hacerlo cuando comience a operar la generadora estatal. De ser verdad que las generadoras ganan mucha plata la culpa la tienen los funcionarios del gobierno dominicano que negociaron el Acuerdo de Madrid, así como aquellos que auspiciaron el contrato de Cogentrix de “tomar energía o pagar por ella si no lo hace”.
Pero ya el Acuerdo de Madrid no existe y, con dos excepciones de plantas muy eficientes, todas las otras generadoras están ya en el mercado spot. El culpar a las generadoras por las críticas a Catalina la Grande fue un acto de demagogia nacionalista. Las críticas a la construcción de esa planta realmente se concentran en preguntar por qué, existiendo ya una licitación para plantas privadas durante la transición del 2012, Danilo Medina ordenó paralizarla y cambiarla por una licitación para plantas estatales, con su consecuencia de gran endeudamiento estatal externo y enormes aportes presupuestales que han paralizado otras obras públicas. Una Catalina privada vendiendo al mercado spot y sin vinculación con las existentes también hubiese roto con los supuestos monopolios.
Falta poco para Catalina la Grande entrar a producir y todavía no se sabe quién administrará esa empresa, si el Estado, o una concesionaria, o si el Estado venderá parte, o el grueso de sus acciones al sector privado. También se cuestiona por qué el contrato de Catalina lo está analizando una comisión de notables, con acceso a recursos y las otras obras de Odebrecht las analiza una Procuraduría con carencia de ellos. En el caso de la Procuraduría, ¿se quedará esta sin accionar hasta recibir información adicional de Brasil, dentro de unos meses, a pesar de conocer el caso de los US$92 millones del Sr. Rondón? Y, por otro lado, ¿a quién enviará la comisión de notables su reporte? ¿Lo hará público o lo enviará al Presidente o a la Procuraduría? Las implicaciones serían muy diferentes.
Lo de Odebretch no es solo un tema de obras sobrevaluadas, sino que Joao Santana, el publicista, ahora preso, de la campaña de Danilo Medina, ha admitido públicamente que Odebrecht financió campañas electorales en varios países a los que asesoró, aunque no ha citado el caso dominicano. Si lo admite, ¿qué implicaciones tendría para el Presidente Medina?
Los nuevos incrementos salariales anunciados por el Presidente, ¿en cuánto aumentarán el déficit del sector público y cómo se financiará este? ¿Por qué después que el Ministro Administrativo de la Presidencia anunció que el Presidente trataría en su discurso el importante tema del muelle de Manzanillo, este se abstuvo de mencionarlo? ¿Por qué tampoco mencionó los escándalos de la OISOE, el CEA, la CORDE y los Tucanos? Por otro lado, la tendencia a estatizar es cada vez más abarcadora, Catalina como principal generadora junto con todas las Edes por un lado y el Metro, ahora con sus guaguas alimentadoras estatales, por el otro.
Bernardo Vega
Hoy
