Un Canciller que gana licitaciones, obtiene préstamos y compra barrios completos

¿Expulsarme?
La idea de apoderarse del PRD tenía como meta esencial la estructuración de un partido a su “servicio”. Por eso, la gran tragedia de la organización de mayor tradición democrática no puede reducirse a la ridícula votación obtenida, sino al uso vil de la plataforma partidaria para la consecución de negocios y ventajas personales. Los que no participamos de ese esquema, y con energía cuestionamos al “amo” de turno representamos un sector del que se piensa salir.
Miguel Vargas Maldonado posee una concepción deformada de la actividad partidaria. Pretende dirigir un partido democrático, sin disensos y lo único que asume es el servilismo y genuflexión como expresión de militancia. Genio y figura. No debate a lo interno, olvida formular propuestas sobre los temas nacionales, desconecta el PRD de su histórica base social y “gana” cuando el partido “pierde”.

En su lógica, no tolera los cuestionamientos porque confunde el enfrentamiento con indisciplina. Así activa los circuitos institucionales creyendo que la sociedad no tiene una idea clara y precisa alrededor de lo que representa. Nunca el PRD había generado tanta repulsa en amplios núcleos ciudadanos. Y de paso, jamás un exponente del cuerpo directivo había sido desmantelado por el desarrollo de negocios privados que tanto daño provocan al crédito de la organización.

Vargas Maldonado es, ha sido y será un hombre de negocios, pero nadie en su sano juicio puede cuestionar su naturaleza comercial. El problema comenzó en el instante en que sus actividades privadas obstruyeron el desenvolvimiento de la institución. Por eso, el centro de los escándalos donde aparece su nombre, casi siempre, tienen como destino final una operación con el Estado, y un partido no puede hipotecar su conducta como resultado del oficio privado de su principal dirigente. Aquí a nadie le pasa por la cabeza que los lideres históricos se asociaran con transacciones distantes de su oficio: imagínense a Juan Bosch, Peña Gómez, Joaquín Balaguer ejerciendo su rol opositor y ganado licitaciones, consiguiendo préstamos en medio de una campaña electoral o un subalterno presidiendo una empresa que vendió un barrio.

Como no tolera la disidencia pretende expulsarme. Activa su entramado institucional para legitimar un deseo que, con la etiqueta de juicio disciplinario, expresa su profundo temor a competir en buena lid, enfrentar conceptos y explicar aspectos esenciales de su gestión como el manejo de los fondos partidarios. No iré ante ninguna instancia. Inclusive, el dislocamiento ético del PRD se retrata con la “figura” encargada de procesarme que, entre sus atributos inigualables, está el de aparecer en un video orientando a una turba para dispararle a sus compañeros en medio de un proceso convencional.
Siempre he tenido claro al tipo de personas que me enfrento. No me dejaré provocar.

Afortunadamente, el día 2 de febrero, el magistrado Carlos Vidal envió al despacho del Procurador General toda la documentación concerniente a la querella depositada por mí respecto al destino de 1,200 millones manejados por la autoridad partidaria. Ante esa instancia voy asistir porque he canalizado mis discrepancias por las vías que me asigna la ley.

Pretender que asista el día 17 a un juicio disciplinario constituye un acto de cobardía de Vargas Maldonado. Afortunadamente, tengo un compromiso que está por encima de mí y que no voy a traicionar porque seria echar por tierra, tantas horas de honor y sacrificio que corren por mis venas y me asignan el privilegio de llevar mis apellidos con orgullo.



Guido Gómez Mazara
Hoy

La Comisión de Notables es sólo un tente allá

El balón histórico del lado de la cancha de Medina
“Primero un presidente muerto, que un presidente huyendo”, proclamó en 1961 el entonces mandatario Joaquín Balaguer, poco antes de refugiarse en la Nunciatura, de donde saldría exiliado al exterior. “En República Dominicana un golpe de Estado duraría menos que una cucaracha en un gallinero”, vaticinó Juan Bosch en 1963, espantando rumores sobre planes conspirativos, siendo derrocado a 7 meses de mandato.

El 23 de abril de 1984, y tras el Gobierno del presidente Jorge Blanco aplicar recetas del FMI que dispararon el costo de la vida, el pueblo sorprendió con una poblada sólo controlada tras el saldo de un alto número de muertos y heridos. Se dice que litorales opositores organizaron las protestas, pero el desbordamiento popular superó cualquier laborantismo partidario.

En 2002 el presidente Hipólito Mejía modificó la Constitución para reelegirse. Sus partidarios decían entonces que tenía el apoyo del Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, el PRD, “los gringos” y otros. Pero la reelección no cuajó.

“Ahora es que más interés tengo en volver a dirigir el país”, decía el entonces presidente Leonel Fernández en 2011, lo cual confirmó cuando el 28 de marzo de ese año declaró, tras anunciarse que contaba con 2.2 millones de firmas para optar por un cuarto mandato, que “dejo la decisión en manos del PLD”.

¿Por qué cito esos pasajes históricos? Para recordar que el desencadenamiento de fuerzas y presiones puede impedir, inclusive a presidentes, cumplir sus deseos y, por el contrario, llevarlos a ser “Desbordados por los acontecimientos”, como tituló el embajador Bartlow Martin su libro sobre el golpe a Bosch.

El presidente Danilo Medina se encuentra ahora frente a una coyuntura en la que dependiendo de la administración que le dé su Gobierno a la demostrada y admitida estafa Odebrecht, podría desatar situaciones en las que en cualquier momento se genere “una chispa que encienda la pradera”, como decía un dirigente y teórico político.

Esa pradera es la indignante desigualdad que vive el pueblo, que tiene como burlona contraparte una sostenida producción de riquezas. La densa pradera del desmadre institucional y sus consecuencias más directas que son la corrupción, la impunidad y el desbordamiento de la delincuencia y la violencia social contenida.

La sobrecalentada pradera que forma un sistema judicial y altas cortes operando privilegiadamente al servicio del partido de Gobierno y sus dirigentes, y otras manifestaciones que han tenido un activo detonante con la estafa de Odebrecht, frente a la cual la mayoría del pueblo ha dicho ¡BASTA!

La mayoría ciudadana se ha empoderado del reclamo de que al velar por la legalidad del manejo del expediente Odebrecht, como jefe de estado y de Gobierno Medina garantice que se cumplan las penas de cárcel, las multas e indemnizaciones ascendentes a más de 360 millones de dólares, y la anulación de los contratos con esa firma mafiosa y corrupta.

La mayoría ciudadana se ha empoderado del criterio de que la Comisión de Notables es sólo un tente allá, meros “americanos feos”, y que las tales investigaciones del Procurador, incluso su viaje a Brasil, son sólo allante, bulto y movimiento, y ensayo de manejos para exculpar a culpables y culpar a no culpables, sobre todo entre opositores y competencia del presidente Medina.

El presidente Medina tiene la bola histórica del lado de su cancha. Veamos cómo se sigue manejando. Seguiremos con el tema.


Nelson Marte
Periodista
elCaribe

Corrupción en CEA provocó tragedia de San Valentín en SPM

Mediación en venta de terreno del CEA llevó a la muerte a locutores
“Ninguna de las tres sangres son culpables, sino víctimas de la mafia que opera de arriba a abajo en el CEA, donde el presidente Danilo Medina tiene que poner los ojos”

SAN PEDRO DE MACORÍS. Una madeja de supuestos actos corrupción que se viene tejiendo desde hace varios años con ventas irregulares de las tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), habría sido lo que provocó la ira en José Rodríguez para matar a tiros a los dos comunicadores de esta localidad, que habían sido comisionados por el director del CEA, para resolver un impasse en la venta de unas 45 tareas, que luego fueron cedidas a otra persona.

Así lo dejan entrever profesionales del derecho, actores sociales y familiares de José Rodríguez (Joselito), el homicida-suicida, a quien la familia reconoce como una persona bipolar.

Todo se habría iniciado cuando José Rodríguez, asesino de los locutores Leo Martínez y Luis Manuel Martínez, vendió una casa que por herencia tenía en el barrio Miramar, para adquirir unas 45 tareas en el batey El Jagual, a unos cuatro kilómetros al Este de esta ciudad.

Los locutores pasaron a ser parte del problema, cuando el pasado mes de enero, el Día de los Santos Reyes, José Rodríguez se presentó a la emisora en momentos que el director del CEA, José Joaquín Domínguez Peña (Pepe), hablaba en el programa “Milenio Caliente”, que producían Leo Martínez y Medina, buscando se resolviera la entrega de la tierra pagada y no adjudicada.

Al salir del programa, el director del CEA fue abordado por Joselito, y el funcionario comisionó a Leo Martínez y Luis Manuel Medina a buscar a José Rosario (Pin), encargado de la Inmobiliaria del organismo en el Este para entregarle la tierra.

Josy Rodríguez Pérez, hermana de Joselito, y quien gozaba de la confianza y sabía de sus movimientos, dijo que al vender la casa, fue al CEA y pagó el inicial, para apartar el terreno anhelado.

La mujer lamentó la muerte de los locutores, al tiempo de asegurar que “los tres son víctimas” de una mafia que opera en el CEA y en esta provincia.

“Él tenía sus vicios”, pero “no era francotirador, no era militar, nunca fue deportado, trabajó como taxista en New York y decidió establecerse aquí, donde puso un negocio de pizzas, frente al malecón de San Pedro de Macorís. Mi hermano era un ermitaño, una persona que siempre andaba solo”, significó.

Agregó: “Ninguna de las tres sangres son culpables, sino víctimas de la mafia que opera de arriba a abajo en el CEA, donde el presidente Danilo Medina tiene que poner los ojos”.

Los cuentos

Antes de ir a la emisora y matar a tiros a los locutores, Joselito o Palmita, como también se le conocía, habría llamado a Leo Martínez, “quien le dijo que bajara a la emisora para que hablaran”.

La hermana de Joselito siguió narrando que al llegar a la emisora, Leo le comunicó que se le iba a devolver el dinero, informándole que la tierra se le había cedido a otra persona que la había pagado en su totalidad por anticipado.

Esto habría molestado a Rodríguez, quien habría gritado: “No quiero más cuentos, quiero mi tierra”.

La hermana argumentó que la razón por la que José Rodríguez visitaba a Leonidas Martínez “fue porque él era abogado del CEA, y eran amigos.

De hecho él (José Rodríguez) me dijo a mí, me van a entregar mi tierra y parece que me van a dar unas mejores”. Y concluyó: “Mi hermano no se suicidó”.

“Lo que sí fue, que le entregaron 200 mil pesos a él, a José Luis, el comunicador lo que fue es víctima, porque la tierra de él la vendieron dos veces”.

Las declaraciones de la hermana de José Rodríguez se produjeron en el cementerio, donde fue sepultado en la tarde de este jueves.

La sepultura

La Policía no permitió que el ataúd fuera destapado, lo que, según la familia, es para ocultar cinco impactos de balas. Al cementerio solo acudieron ellos dos como parientes. El cuerpo fue depositado desnudo en el ataúd, que era de poco valor y los presentes en el sepelio llegaban a 22 personas, incluyendo policías y pocos miembros de la prensa.

CEA ofrece su versión de la venta
Ante las versiones de que las muertes se produjeron por una transacción inmobiliaria con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la institución aclaró ayer que devolvió en enero pasado a José Rodríguez el pago del 35 por ciento de inicial por la compra de terrenos a la institución, tal y como este había solicitado en comunicación dirigida en fecha 6 de octubre al director José Domínguez.

En nota de prensa se explica que el CEA procedió a devolver mediante cheque 065582 a José Rodríguez RD$119,000.00, que había pagado como inicial para la adquisición de terrenos en la institución.

“Por lo que el CEA aclara que no existe ninguna acción irregular en la relación del CEA con el ciudadano Rodríguez”, resaltó la entidad, que según dice había presentado varias ofertas de terrenos para ubicar a Rodríguez, las cuales este descartó, por lo que optó por solicitar el reembolso del dinero.

El sepelio
La Policía no permitió que el ataúd fuera destapado, lo que, según la familia, es para ocultar cinco impactos de balas. Al cementerio solo acudieron ellos dos como parientes. El cuerpo fue depositado desnudo en el ataúd, que era de poco valor, y los presentes en el sepelio llegaban a 22 personas, incluyendo policías y pocos miembros de la prensa.


Manuel Antonio Vega
Diario Libre

Ninguna persona sensata cree lo que dicen las bocinas del gobierno

¡Por no hacer nada… el empoderamiento ha llegado!
El gobierno del presidente Danilo Medina, alcanzó el poder con mentiras, engaños, por no importarle el país (tirando los escrúpulos al zafacón), con compra de votos, repartición del gobierno con mercaderes de la politica, compra del Congreso para cambiar la Constitución y con los recursos del Estado, que una vez muy amargamente, él mismo expresó: “El Estado me venció…”

Un gobierno que pierde la moral para dirigir a su pueblo al tiempo que no tiene control de su burocracia, es natural que no funcionen sus instituciones. Un país sin instituciones fuertes, no puede ofrecer los servicios requeridos por la población, como son: transporte, agua potable, energía eléctrica, salud, educación, cuidado del medio ambiente y seguridad pública, etc. Frente a tantas debilidades del gobierno, es más fácil que prosperen los vicios, la delincuencia, el crimen, evasión de impuestos y la corrupción florece incentivada por la impunidad (verbigracia el repunante sistema de justicia, podrido de arriba a bajo).

La sociedad dominicana y la comunidad internacional, han expresado de diversas formas su disconformidad con la situación imperante. Los desastrosos índices de corrupción, dados por Transparencia Internacional año tras año; los bajos índices de la calidad de la educación, la falta de credibilidad institucional; carecemos hasta de decencia pública. En el plano nacional, las cadenas humanas, las marchas de los cañeros, los reclamos salariales de múltiples sectores, la lucha contra la impunidad, la queja del Sistema Judicial, los reclamos públicos de algunos miembros de la Policía Nacional y Las FFAA, son campanazos que el gobierno no ha querido escuchar.

Para hacerse sordo, mudo y ciego, destina una altísima suma del presupuesto para sus relaciones públicas, aunque estas ya no son suficientes (debieran ahorrarse ese dinero para otras cosas perentorias) porque ninguna persona sensata cree lo que dicen las bocinas.

Empoderamiento (empowerment)

Empoderamiento (es darnos cuenta del poder que en conjunto tenemos) del segmento poblacional que siempre estuvo silente, que no se queja, que no protesta. En razón que ante tantas cosas negativas que irritan a la población, el gobierno no hace nada, el empoderamiento de ese grupo poblacional que siempre está tranquilo, que se abstiene en las elecciones, que tiene su comida segura, que no se vende por pica pollo o por un pote de ron, ni 500 pesos, que no pide empleos como compensación por sus servicios, que no solicitan exoneraciones y que no representan problemas para el gobierno porque son temerosos, conservadores y votan calladitos cuando se deciden hacerlo.

Dicho empoderamiento, ha dejado atrás las banderías partidarias aunque estas hábilmente se han sumado y lo que comenzó aparentemente con ingenuidad, está despertando hasta los que estaban dormidos y hoy dia ese movimiento pacífico, crece, crece y crece… como los espaguettis milano, atemorizando al gobierno al tiempo que lo hace reaccionar de forma torme.

¿Y por qué?

Simplemente, el gobierno no ha hecho nada frente a estos campanazos sociales y ha subestimado la capacidad crítica de su pueblo. A tal grado llegó esa subestimación, que el Ministro Administrativo señor José Ramón Peralta, dijo: “el pueblo no está en ODEBRECHT, está en comida”, aunque esa opinión cambió después del 22 de Enero del 2017, día de la marcha.

Un alto porcentaje de la población (según la encuesta reciente de Gallup), considera que no habrá castigo para los corruptos, no perdemos la fe de que los “castigos” vendrán ya sean por las presiones internas de los “calladitos” o porque la comunidad internacional, así lo imponga. Consideramos conforme al entusiasmo del pueblo, que la marcha y la firma del Libro Verde Contra la Impunidad, arrastrara adeptos no por populismo sino por la justeza de la causa, para rescatar al país de la insaciabilidad del gobierno y su partido.

¡El empoderamiento es una realidad porque el gobierno, no hace nada contra la impunidad!


Radhamés Lora Salcedo
Plan de Nación
Acento

Odebrecht: El escándalo más grande que registra nuestra historia

De Sun Land a Odebrecht
El primer mandato del PLD, 1996-2000, que encabezó Leonel Fernández, se caracterizó por los escándalos de corrupción, desde la creación de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Global), pasando por el Programa Mínimo de Empleo (Peme) donde se malversaron miles de millones de pesos. No hubo durante ese mandato, una obra que no fuera sobrevaluada, como comprobaron los estudios realizados por empresas internacionales.

El escándalo de la Sun Land durante el segundo mandato de los que “llegaron en chancletas y salieron en yipetas”, involucraba 130 millones de dólares, mediante un préstamo ilegal que terminó en los tribunales. Pero a pesar de comprobarse su “lado oscuro” y del “crespón negro” de la Suprema Corte de Justicia, los imputados no terminaron en la cárcel.

Aun cuando los expedientes han estado bien documentados, abogados, fiscales y jueces, apoyados por una buena parte de la prensa, han rechazado con un “no ha lugar” o cualquier otro artificio jurídico, los intentos por llevar a la cárcel los corruptos.

Participación Ciudadana, el organismo que más seguimiento ha dado al tema de la corrupción ha presentado decenas de casos sin que las autoridades hayan actuado consecuentemente. Si enumerara todas las denuncias de corrupción, incluyendo la de los sobornos de los Tucano, 3.5 millones de dólares y los de Odebrecht, 92 millones, tendría que hacer una enciclopedia con tantos tomos como la Británica.

Comprobado está que la Justicia, igual que el Congreso y demás órganos reguladores del Estado están en manos del Partido de la Liberación Dominicana, que actúa como un cártel o corporación empresarial, no como partido político que supone debe servir al pueblo, no servirse de la miseria del pueblo para el enriquecimiento de sus principales dirigentes como ha sucedido por espacio de casi 20 años.

El “látigo” para castigar a los corruptos de Danilo Medina, es de seda. Su promesa de actuar contra ese mal hasta “por el rumor público”, se desvaneció. La corrupción durante su gestión lejos de disminuir ha aumentado como lo establecen los estudios y lo percibe la gente en las encuestas.

El escándalo de corrupción más grande que registra nuestra historia es el de Odebrecht, la empresa brasileña que financiaba campañas electorales para luego obtener los contratos de las obras más importantes de los países donde actuaba. En la República Dominicana, Odebrecht envió a su estratega Joao Santana, jefe de las dos campañas electorales que “ganó” Medina, quien incluso le hizo un reconocimiento público. Joao Santana y su esposa están presos en Brasil al igual que los principales ejecutivos de la multinacional. (¿?)


Juan Taveras Hernández (Juan TH)
El Nacional

Juan Bosch es un incordio en el peledeísmo actual

Bosch sigue siendo un moralista problemático
“Si no puedo ver por mí mismo la liberación de este pueblo, la veré a través de mis ideas”- escribió Juan Bosch. Y se dispuso a construir un partido dotado de una misión especial. En esos trajines se enfrentó al dilema del escultor: conocer al dedillo la materia prima con la cual trabaja sus figuras. No hay en la historia política dominicana un partido que tenga una génesis intelectual tan profunda, y en particular, una definición de sus componentes de clase tan detallada. Mucha gente se burlaba de aquellas categorías de “baja y muy baja”, “pobre y muy pobre”, etc; que poblaban el imaginario analítico del profesor, a la hora de esculpir el escurridizo perfil del pequeño burgués. Pero él insistía e insistía, como si su obstinación fuera un loco viaje a su propia imaginación.

“Los miembros del PLD son mayoritariamente pequeño-burgueses de inclinaciones revolucionarias, y no puede ser de otra manera porque el atraso de la sociedad dominicana no ofrece la posibilidad de que aquí se organice por ahora un partido obrero”- proclamaba, definiendo la táctica y la estrategia-. Pero enseguida alertaba:- “A los miembros del PLD se les enseña con el estudio y el trabajo cuáles son los peligros a que se expone el país si abandonan por un momento nada más la vigilancia que deben mantener sobre las tendencias disolventes y los vicios de la pequeña burguesía”. Pese a estas precauciones, “los vicios de la pequeña burguesía” saltaron el cerco tendido por las previsiones teóricas, e incluso se enfrentaron en vida a los temores de su creador. El PLD se fundó el 15 de diciembre de 1973, y ya en el IV Congreso, Juan Bosch dio un portazo colérico, el 15 de marzo de 1991; renunciando a la dirección del partido porque “se había desarrollado una corriente de oportunistas pequeño-burgueses que sólo desean obtener cargos públicos”.

El pensador no pudo “ver por sí mismo la liberación de este pueblo”, y tampoco la verá a través de sus ideas. Murió “en la soledad burguesa más irremediable: la del creador” –como dice Jean Paul Sartre-; y frente al enriquecimiento desmedido de los pequeños burgueses dentro de su partido, su papel, y el de sus ideas, son apenas el de un querubín deslucido. Nació para colmar la gran necesidad de su verdad solitaria, tremoló en la defensa de los miserables, pero la medusa pequeño burguesa lo venció, deshilachó sus ideas y lo dejó clavado en un sinsabor asombrado. Ese discipulado corrompido ahora le disgusta el ingrato olor de sus virtudes, y lo acusan de haber vivido en el aire y de husmear la realidad sin demasiada esperanza, como si le reprocharan sus arrebatos, su majestad, su dignidad, su honestidad y su orgullo. Pero el sobreponerse a cierto desagrado, es la mejor prueba de que su virtud no era cosa fácil; y hay que jugar a la pasión para entender ahora todo el amor verdadero que albergó el corazón de aquel hombre triste, que cometió el loco error de tomar la vida como una epopeya.

Si pudiéramos construir un escenario posfactual, burlando el cerco infranqueable de la muerte; y traer a Juan Bosch a la vida, al ahora, al instante preciso en que la obra de su sueño se transformó en su contrario, qué dirían sus ojos escrutadores, su rostro cejudo, la cólera indescifrable que lo embargaba frente a lo mal hecho. ¿Juan Bosch apoyaría a los ladrones de ODEBRECH o se incorporaría a las marchas? ¿Sería partidario de un gobierno corrupto hasta la médula, o desenvainaría su látigo inclemente contra el robo de la riqueza pública? ¿Se afiliaría a la degradación moral del partido que él mismo concibió como un paradigma de limpieza, o arrojaría del templo a los que se han enriquecido en forma obscena? ¿Qué sobresalto lo acompañaría al comprobar que esas “tendencias disolventes y los vicios de la pequeña burguesía” terminaron por imponerse como conducta legitimada por la práctica política de su discipulado?

Juan Bosch es un incordio en el peledeísmo actual, un estruendo en medio de la madrugada tranquila de los corruptos de su partido. Y si viviera, sin ningún género de dudas, encabezaría las Marchas contra la Impunidad y la Corrupción.


Andrés Luciano Mateo
Hoy

Conformidad

Es que somos dos repúblicas en una: la del elevado y la de abajo.

Cristian Hernández

EL CARRUSEL DE LA VIDA
El Día

Una simulada acción para acallar la sociedad

Hace falta mucho más
En medio de la investigación judicial del escándalo de ODEBRECHT en los distintos países del continente americano a los que se extendió esta trama de corrupción, las autoridades quieren contentar a la población con la rápida solución del caso de la venta del barrio capitalino de Los Tres Brazos y la disolución de la CORDE, entelequia que hace tiempo debió dejar de existir.

Lo sucedido en CORDE acontece en muchas otras entidades del Estado, muchas de las cuales carecen de sentido, como es el caso del INESPRE o del Instituto de la Aguja, o sus funciones deben ser absorbidas por otras instituciones con una reducción de costos importantes como es el caso de la Unidad de Electrificación Rural, o del Consejo Estatal del Azúcar, que más que administrar los pocos ingenios restantes del Estado se ha convertido en una agencia inmobiliaria de terrenos del Estado que son generalmente vendidos a políticos y acólitos de la administración de turno a precios viles.

Pero los gobiernos se resisten a reducir el tamaño del Estado y por eso jamás serán suficientes los ingresos tributarios, y el tema no es solo el costo de estas nóminas que muchos funcionarios minimizan, sino las incuantificables pérdidas de recursos que ha padecido nuestro Estado y por ende todos los dominicanos, por malos contratos suscritos por instituciones estatales que hacen negocios truculentos para enriquecer a sus funcionarios y por enajenaciones de bienes del Estado en pésimas condiciones para beneficiar a sus amigos en desmedro de los intereses del Estado.

Los gobiernos auspician graves distorsiones, como que instituciones que conforme la ley tienen facultades muy limitadas como es el caso de la CDEEE sigan actuando al margen de esto e invadiendo espacios de otras entidades, o que realizan funciones que están totalmente fuera de sus competencias como está sucediendo con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, o manteniendo instituciones que incluso carecen de fundamento legal y que chocan con las funciones de otras entidades legalmente facultadas como es el caso de la OISOE.

El gobierno sigue manteniendo la OISOE y otras entidades que hace tiempo deberían haber desaparecido y que solo se han destacado por escándalos de corrupción para no mermar el botín político a repartir, así como la usurpación de funciones de los gobiernos locales, ya que en vez de transferirles los recursos a estos para poder ejecutarlas, decide hacerlas directamente incumpliendo el mandato constitucional de transferir los recursos correspondientes del gobierno central a los municipales. Lo lamentable es que a pesar de tener esta amalgama de instituciones que exceden por mucho lo que el Estado requiere, nuestro Estado carece de instituciones que controlen y supervisen eficazmente el cumplimiento de la ley por parte de todas las entidades del Estado, las que actúan muchas veces como si la ley no contara, sino la voluntad del incumbente. Pero si estos funcionarios actúan así, sean del gobierno central o de los locales, la culpa no es más que de las autoridades que designan esos malos funcionarios o de los partidos que seleccionan muchos malos candidatos e incluso los apoyan en sus incorrectas actuaciones.

Hay un tiempo para todo y este es un tiempo de exigir una transformación del Estado, pues hace falta mucho más que disolver CORDE y la CREP, hay que descargar al Estado de tantas inútiles y costosas instituciones y racionalizar la operación de cada una, para que cada quien cumpla con la ley y su misión sin duplicar o invadir funciones de otras o de lo contrario sea sancionado. Pero para eso se requiere una real voluntad, no una simulada acción para acallar la sociedad.


Marisol Vicens Bello
elCaribe

El verdadero punto de inflexión

Tentando al diablo
Si no nos equivocamos, fue el respetado intelectual dominicano Andrés Luciano Mateo quien llamó a la Marcha Contra la Impunidad el punto de inflexión, o posiblemente fuera el caso de Odebrecht con la sobrevaluación de las plantas a carbón de Punta Catalina que financió la reelección presidencial, no estamos seguros.

El tímido Presidente asentado en Palacio Nacional desde 2012 poco después de asumir el cargo nos hizo una reforma fiscal que abarcó todo su mandato. Cada enero religiosamente los impuestos aumentaban hasta este mismo 2016, apenas tiene seis meses de haberse reelegido fraudulentamente y ya se apresta a preñarnos de nuevas cargas fiscales.

Si Danilo Medina y el comité político del PLD desean ver arder a este país por las cuatro esquinas solo tienen que aumentarle al pueblo de nuevo los impuestos. Arder por las cuatro esquinas, literalmente.

Hemos presenciado en este cuatrenio pasado cómo la irresponsabilidad desgobierna, dilapidando los recursos públicos en obras fraudulenlas, sobornos, desfalcos, nombramientos y creaciones de puestos públicos alegres sin consecuencias penales para los corruptos; y una campaña electoral permanente disfrazada de visitas que de sorpresivas no tienen nada.

Aumentar los impuestos será el verdadero y único punto de inflexión, no desafíen al diablo, que no hay forma posible de contener a más de nueve millones de dominicanos indignados, hartos e iracundos.



Juan Santos / DLRD

Muere autor matanza de San Valentín en SPM

          José Rodríguez.

Se desconoce cómo murió

SAN PEDRO DE MACORÍS, República Dominicana.- Murió la noche de este miércoles el presunto autor del asesinato de dos locutores en esta provincia.

Se presume que se trata de José Rodríguez, de 59 años, quien es deportado de los Estados Unidos, pero no tiene antecedentes penales en el país.

Esta noche las autoridades realizaban allanamientos en distintas zonas de esta provincias para dar con el paradero del individuo.

Hasta el momento se desconoce las circunstancia de cómo ocurrió el hecho.

Se recuerda que esta mañana el vocero de la Policía Nacional dijo que en el hecho que en la escena del crimen se recolectaron cinco casquillos calibre 9 milímetros y tres proyectiles mutilados, además de una chaqueta color zapote que, según la policía, es la misma que llevaba puesta el sospechoso al momento del hecho.

Noticias SIN

El nerviosismo de un poder

Gobierno y su presidente con el agua al cuello
Finalmente, el presidente Medina y su gobierno se encuentran con el agua al cuello, el barco en que hasta el momento han navegado en aguas relativamente tranquilas sin mayores problemas, parece que hace agua empujado por la furia de una marea humana en ascenso y en expansión por décadas nunca vista en el país. Todo apunta a que la masiva manifestación de protesta iniciada el 22 del pasado mes de enero en la capital, será superada el próximo 22 de febrero con manifestaciones en todo el país, la firma espontánea y militante del Libro Verde contra la Impunidad es claro indicador de que así será y de que vivimos una inédita situación política que apunta hacia un cambio de régimen.

El descontento es medido de manera convincente por la última encuesta Gallup/Hoy, la cual no solo recoge la incertidumbre y miedo de la gente sobre el futuro del país, debido a la percepción que tiene sobre el incremento de la inseguridad y la corrupción. Finalmente, la corrupción se convierte en una preocupación para la mayoría de los dominicanos y ante eso, el gobierno intenta enfrentarla a través de algunas medidas que lejos de aplacar la ira popular en expansión contra el robo a los bienes públicos, la incrementa. La forma, contenido y momento de esas, ponen en evidencia que este y los demás gobiernos del PLD han discurrido en medio de la estafa y la impunidad.
Es el caso de la llamada comisión investigadora del caso de corrupción que envuelve la construcción de la planta eléctrica Punta Catalina, al momento de crearla se denunció la parcialidad de algunos miembros de esa comisión.

Ya, según algunos medios, los señores Agripino Núñez Collado, quien la preside, junto a Jaime Aristy Escuder, un consultor al servicio del gobierno, han emitido declaraciones casi concluyentes sobre el proceso de construcción y sobre “pertinencia de la rápida terminación de la obra”, una muestra de caradurismo y parcialización de esos señores que provocan indignación en la población hacia el gobierno y su presidente, y que evidencian que la integración de esa comisión constituye un fraude y una vergüenza para el país, tanto en el plano local como internacional.

Entre las otras medidas tendentes a darle argumento al discurso que deberá pronunciar el Presidente ante el Congreso el próximo 27 de febrero, está la declaración de nulidad de la venta del barrio Los Tres Brazos a un personero vinculado al presidente del PRD, el traspaso a Obras Públicas la responsabilidad de construcción de planteles escolares que estaba en manos del Ministerio de Educación y que fuera una de las principales fuentes de acumulación de capital para el proyecto de poder de la fracción del PLD que hoy domina ese partido; igualmente, el aumento de un 40% a los policías rasos que aun así siguen teniendo un miserable salario, por debajo del salario mínimo del sector privado.

Ese tipo de medidas no detiene la ola de repulsa contra la corrupción y la impunidad, ni el deterioro de la imagen del Presidente, estas sólo expresan el nerviosismo de un poder que se encuentra con el agua al cuello.


César Pérez
Hoy

Acuerdo Gobierno-Odebrecht incluye impunidad a favor de sobornadores

Constructora Norberto Odebrecht en la que participó Marcelo Hofke, gerente de Odebrecht en la República Dominicana y su abogado Robert Valdez. Foto: Nicolás Monegro.

Procuraduría pide extinción penal contra Odebrecht
Santo Domingo.-Además de la homologación del acuerdo con la empresa Odebrecht, que permitirá al país tener acceso a una indemnización de US$184 millones, la Procuraduría General de la República persigue con la solicitud depositada ante el juez de Coordinación de los Juzgados de Instrucción que se declare la extinción penal contra la empresa y los principales ejecutivos de esa constructora por el caso del pago de soborno por 92 millones de dólares.

La extinción penal forma parte de las negociaciones a que habría arribado la Procuraduría General de la República con los representantes de Odebrecht, en el marco de las investigaciones sobre el pago de soborno y los posibles funcionarios públicos que habrían recibido el dinero para la adjudicación de obras del Estado.

La homologación del convenio entre la Procuraduría General y Odebrecht comenzó a ser ventilado desde ayer por el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, quien ha iniciado este proceso luego de recibir otros documentos que completan el expediente por parte del Ministerio Público y de la constructora.

La directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, pidió al magistrado que valide las negociaciones y que autorice el acuerdo para que el país pueda ser indemnizado con el desembolso de 184 millones de dólares, que sería el duplo de los 92 millones pagados por la constructora durante el periodo 2001-2014.

La petición de la funcionaria es justificada por el hecho de que este convenio forma parte de las alternativas que tiene el Ministerio Público para llegar a acuerdos en casos de conflicto de la envergadura como el soborno de Odebrecht.

El fallo sobre la homologación o no del acuerdo llegado por la Procuraduría General de la República con la constructora Odebrecht será conocido el 1 de marzo por el juez Vargas.

La semana pasada, la Procuraduría General reveló al país el acuerdo con Odebrecht, que contempla el pago de una primera partida de 30 millones de dólares y los restantes 154 millones serán saldados durante un periodo de ocho años.

Al presentar esta solicitud ante el coordinador de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, la procuradora de Persecución a la Corrupción, Laura Guerrero indicó: “Estamos por homologar el acuerdo para que, de una vez por todas, sea público”.


Teresa Casado
El Día

Negociación con Odebrecht hace honor a la impunidad y consagra la corrupción

    David de la Hoz, director CEC-UASD.

Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CEC-UASD) analiza acuerdo PGR-Odebrecht
SANTO DOMINGO, República Dominicana-. El Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CEC-UASD) se pronunció este marte sobre  el acuerdo anunciado por la Procuraduría General de la República con la Odebrecht, y lo calificó como un ‘‘homenaje a la impunidad’’.

El director de esa entidad, David de la Hoz, sostiene que la negociación efectuada por Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, con la constructora brasileña en el país ‘‘viola el debido proceso y consagra la corrupción como una herramienta económica válida, aunque antijurídica, pues viola la Constitución y las leyes y contraviene el principio sobre el cual descansa la negociación judicial’’.

A continuación se comparte las consideraciones que De la Hoz asegura la Procuraduría violó durante el proceso de acuerdo con Odebrecht:

1.- El asunto pone en cuestión un mínimo de seis normas: La Constitución, la Ley No. 340-06, la Ley No. 448-06, el Código Penal, la ley No. 41-08 y el Código Procesal Penal.

2.- La Constitución de la República ha sido violada en su artículo 138 el cual ordena a los funcionarios públicos,  actuar “con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.” En la especie, la ley base es la número 340-06, mejor conocida como ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones. Esta norma es la que rige el caso que nos ocupa, de acuerdo con su contenido existe un procedimiento que ha sido inobservado en el acuerdo de marras porque su artículo 11 establece que “las prácticas corruptas o fraudulentas comprendidas en el Código penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros, como o curre en la especie, serán causales determinantes del rechazo de la propuesta en cualquier estado del proceso o de la rescisión del contrato, si éste ya se hubiere celebrado.”

3.- En el sentido anterior, la condición sine qua non, para que haya negociación o acuerdo judicial, es que “Todo funcionario público que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público, y será pasible de las sanciones contempladas en la presente ley en su reglamento[1]”, y como es de público conocimiento, todavía no se ha establecido, en una investigación creíble, quien o quienes son los funcionarios públicos cuya acción u omisión, por dolo o negligencia, ha defraudado el patrimonio público, en la forma en que lo indican las leyes 340-06 y 488-06. Por vía de consecuencia, al no haberse establecido responsabilidad sobre nadie, no se ha colaborado para el establecimiento de la verdad, es decir: no se ha dicho quién o quiénes y en qué grado han defraudado el patrimonio de la nación. O, lo que es lo mismo, no se han observado los contenidos de los artículos 65 y 66 de la Ley 340-06, el primero identificador de las causales de imputación a funcionarios públicos y el 66 de los causales de imputaciones a contratistas.

4.- Tampoco se ha establecido cual o cuales contratos se han realizado con fraude a la ley, condición elemental para establecer la nulidad de los mismos, como manda el artículo 14 de la ley sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Lo que ha impedido establecer si la adjudicación operada cumple con los requisitos de la ley, o si se dio cumplimiento al contenido y a la forma de los contratos. Clausulas estas de las que depende su validez según los artículos 28 y 26 de la ley.

5.-  Tampoco se ha expresado si se dio cumplimiento al contenido del artículo 53 de la misma ley, referente al proceso de contratación en la forma indicada por este.

6.- Al no indicarse cuáles servidores públicos fueron actores principales y secundarios en la contratación fraudulenta (sobornados y cómplices) no se ha podido dar cumplimiento a las sanciones que para estos casos prevé el artículo 65, el cual refiere a las sanciones contenidas en la ley 41-08. Sobre todo, a la dureza con que el párrafo II castiga a los responsables que sean servidores públicos con penas de multas igual al valor de los bienes y servicios adquiridos o del valor involucrado en el contrato y la concesión en cuestión, o ambas penas a la vez, y a la prohibición de ejercer funciones públicas por cinco (5) años y penas de presión de tres meses a cinco años. Máxime cuando el párrafo IV del artículo 65 de la indicada ley, ordena que “a la entidad contratante o al organismo superior jerárquico de la misma,” someter ante los tribunales penales ordinarios a los oferentes que incurran en violaciones de las disposiciones penales. Entiéndase, los artículos 175 al 178 del Código Penal y el contenido de la Ley 448-06 sobre soborno. Pero todo lo anterior, ha de ocurrir en fase administrativa, por lo que la negociación efectuada es nula pues se ha producido en el marco de los artículos 40 y 57 del Código Procesal Penal, el primero referente a la suspensión de la investigación y el segundo, concerniente a la exclusividad de la investigación en fase penal. Con lo cual se han violado las reglas del debido proceso contenido en el artículo 69.10 de la Constitución de la República.

7.- Un hecho a resaltar es el de que la ley, en su artículo 70.2, manda a que el procedimiento para su aplicación, sea conocido por el Órgano Rector de Contrataciones Públicas en atribuciones jurisdiccionales exclusiva y privativamente de causales referentes a las controversias que genera dicha ley. Mandato que no ha sido observado por la Procuraduría General de la República en el acuerdo que dice haber suscrito y cuyo contenido desconoce la opinión pública. Procedimiento previo que dará lugar a actos administrativos jurisdiccionales, es decir, al apoderamiento, por ejemplo, de la jurisdicción penal que sería cuando entra en contacto la Procuraduría con el asunto. Es ante la Dirección General u “Órgano Rector”, que los interesados pueden válidamente presentar denuncias, pues es el órgano que ha de iniciar las investigaciones. Será dicho órgano que inspeccionará e investigará designando al efecto, el funcionario instructor, y formalmente autorizado por la Dirección General del Órgano Rector de Contrataciones Públicas para cada caso, en la forma que detallan los artículos 75 y 76. Cláusula contenida en el artículo 74 que tampoco ha sido observada. Pues finalizan en un acto administrativo contentivo de la opinión del o los encargados de la investigación. Luego de lo cual, se conocerá el fondo del asunto y dentro de los 60 días siguientes, el Órgano Rector dictará una Resolución de acusación, sanción y, de ser de lugar, de descargo. Procedimiento que tampoco ha sido observado.

8.- Como se comprenderá, el cumplimiento del procedimiento administrativo de ley anteriormente descrito, será el que indicará si el asunto puede o no entrar en el ámbito de la ley sobre soborno núm. 448-06, donde sobornados y cómplices entrarán a la jurisdicción penal. No habiéndose dado cumplimiento al mismo, no cabe invocarla como mal ha hecho la Procuraduría. Por tanto, el acuerdo que dice haber celebrado, es nulo. Toda vez que el mismo se encuentra –en el momento actual-, bajo la competencia exclusiva y privativa de la jurisdicción administrativa no contenciosa, y no ante la jurisdicción penal como mal ha interpretado la Procuraduría. Al ignorar también, el dictado del artículo 148 de la Constitución de la República.

9.- De lo anterior se infiere, además, que la Comisión nombrada para investigar el Proyecto Punta Catalina, no tiene capacidad legal para producir efectos vinculantes ni jurídicos, en razón de que   es un instrumento que no está taxativamente prohibido, pero tampoco está permitido, pues cae dentro de lo que la Constitución de la República denomina, en su artículo 69.10, “normas del debido proceso que se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.” Y esta regla determina el cumplimiento de la ley previa, es decir del procedimiento establecido en la ley 340-06, más arriba descripto.

10.- Es obvio que la Resolución del Tribunal Administrativo de lo no contencioso denominado “Dirección General del Órgano Rector de Contrataciones Públicas”, es el que ha debido investigar y evacuar una resolución indicativa de la necesidad de ir a la jurisdicción penal por violación a la Ley No. 448-06 sobre soborno, o, bien establecer sanciones administrativas en la forma en que lo establece la ley 340-06, o sugerir acuerdos, etc. Al no darse cumplimiento al voto de la ley, dicha negociación resulta anti jurídica y siéndolo como lo es, no puede producir efectos jurídicos. Puesto que dice haberse hecho en aplicación de la ley 448-06, pero la verdad es que la ha inobservado, pues las sanciones que esta establece no han sido objeto de la investigación ni del conocimiento del órgano que la ley ordena que lo haga, ni en la forma en que la ley indica.

11.- Cabría preguntarse, ¿si bajo las condiciones ya indicada podría un juez de la jurisdicción penal validar dicho acuerdo? La negativa se impone como respuesta pues dicha validación debería ir, previamente, ante el órgano que la ley manda, es decir por ante el Órgano Rector de Contrataciones Públicas.

12.- Finalmente, no nos referiremos a las condiciones de la suspensión del proceso a prueba, ni al sobreseimiento, ni a la conciliación, pero baste decir que son figuras que no deben confundirse y que no se ha podido establecer si incorrectamente hicieron uso de ellas, lo que sí está claro es que siendo instrumento del derecho procesal penal es inapropiado hacer uso de ellas sin que el asunto se encuentre todavía ante la jurisdicción penal conforme al debido proceso.

13.- Por último, debemos todos preguntarnos ¿si es saludable para nuestra democracia y para nuestro incipiente Estado de Derecho, que se lleve a cabo una negociación cuyo objeto sea privar a la nación de la oportunidad de conocer los nombres y el grado de culpabilidad de los funcionarios públicos involucrados, cuando se sabe que el espíritu de la negociación judicial bajo el Estado Social y Democrático de derecho, es la colaboración desinteresada del o los encartados con la justicia y la verdad?

[1] Artículo 11 de la misma.


Acento

Extorsión

¿Soborno o extorsión?
¿El huevo o la gallina? Veamos las definiciones:

Soborno: LA RAE dice: “Dar dinero o regalos a alguien para conseguir algo de forma ilícita”.
Extorsión: “Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio”.
Aquí se practican ambos con desenfado e impunidad, sin definir cuál fue primero, el que pide o el que paga, el que impone una situación “sin la cual no hay tu tía” o el que ya se somete a ella como prerrequisito para la Contrata.
Tanto, como que la ley que condena el Soborno, la 448-06 Sobre Comercio e Inversión, ni menciona la Extorsión.

En el nunca ponderado esfuerzo del presidente Fernández por la modernización del aparato normativo, la extorsión para las tramitaciones de permisos estatales o de participación en el suministro de bienes y servicios al Estado se obvia mencionarla.
¡El Soborno fluye cuando la Extorsión impera!

No sólo por la agilización de los financiamientos se convirtió la Odebrecht en la mayor beneficiaria de contrataciones del continente, sin que en las investigaciones se hayan tocado las mayores, Mariel en Cuba y el Aeropuerto de Miami, donde cualquiera de ellas supera el resto.
Otra notable aportación del presidente Fernández a la modernización del Estado fue la promulgación de la Ley No. 449-06 de Compras y Contrataciones que, como sus modestas predecesoras se han escrito para violarse.

También legal, el Reglamento 543-12, decretado por el presidente Medina ha sido plataforma para el desarrollo de los PYMES, y fortalece el marco legal, pero, como la ley, debilita el sistema si son reglas que en tantos casos se violan.
Siendo la peor violación de un proceso de licitación abrir concursos sin fondos o solares disponibles para su ejecución

Ello es la mayor debilidad de Punta Catalina, donde a la fecha todo se ha realizado sin una adecuada apropiación presupuestaria, incumpliendo la reducción que debió hacerse en la tarifa eléctrica por la reducción del costo de los combustibles, para financiar un sueño.

Otra cosa: La Ley 449-06 establece que, “Sin perjuicio de las acciones penales o civiles que correspondan, los proveedores serán pasibles ….” de sanciones del siguiente tenor: Ejecución de Garantías, Penalidades contempladas en el Pliego de Condiciones o en el Contrato, Rescisión unilateral sin responsabilidad para el contratante, Inhabilitación temporal o definitiva de la empresa encartada.

Y, aunque otra disposición, también legal, permite al Ministerio Público llegar a acuerdos compensatorios del delito, ello no es más que un bajadero que nos acerca al soplete con que se pretende blindar un hecho punible que sin discusión constituye el Mayor y el Mejor de todos los contubernios entre los que extorsionan y quienes han establecido en sus cálculos de costos la suma necesaria para engrasar las rutas de las contrataciones de bienes y servicios.
Como en el sistema legal vigente las sanciones penales son independientes de las administrativas, la Dirección de Com- pras y Contrataciones podría tomar decisiones valientes y demostrar su independencia. ¿Lo hará?

Sin embargo, el ambiente internacional creado al respecto del Odebrecht, convertido en plasma que abarca el concepto entero de la corrupción en América Latina que camina a replicar aquel ambiente contra las dictaduras que se precipitó tras la caída sucesiva de Perón, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Batista y Trujillo que hizo llegar a nuestras playas de manera sucesiva a esos sujetos llevándose entre sus tules a quien los recibía.

Por lo que no son los puntos de soldadura que vician de nulidad los procesos judiciales en sus primeras instancias, los que garantizarán esta vez la impunidad, sino la amplitud del espectro continental, y local también, que pide un alto para explicarnos ¿por qué a Constructora Roca, por una deficiencia en la documentación requerida se inhabilitó por un año para cualquier contratación con el Estado, y a Odebrecht se condena a una compensación pecuniaria que ha de saldar con nuevas contrataciones?

¿Por qué a seis proveedores de medicinas al Estado, por concursar sin estar al día en sus obligaciones fiscales, se les erradicó para siempre de la lista de calificados para hacerlo y a Odebrecht, convicto y confeso del delito de Soborno, no se le impone al menos una condena semejante?

¿Por qué a un arquitecto recién graduado, que se ganó una rifa y un lío, sin haber recibido una hora de clases al respecto de construcción, y sin saber qué hacer con ese dinero del avance, en lo que aparecía el solar, incumplió el plazo para dar inicio a una construcción de escuela, se inhabilitó por un año para cualquier contratación con el Estado y a Odebrecht se condena a una compensación por el doble de lo que admite haber erogado para sobornos a través de su representante quien al respecto asume que el quien hiede es él?

¿Por qué a un ofertante para la construcción de unas obras menores de carácter municipal, en Verón, por una discrepancia en la documentación requerida, no observada en el proceso de revisión de las ofertas, se inhabilitó para cualquier contratación con el Estado y a Odebrecht se condena a una compensación pecuniaria sin que se toque el hecho de que la Presa de Pinalito, contratada en enero del 2002 con Odebrecht por 131.7 millones de dólares terminó costando 300 y no ha generado un KW en más de diez años desde su terminación, ni ha dejado pasar una gota de agua, creando en su foso un lago de contención de fertilizantes y yerbicidas con aguas en proceso de putrefacción que se filtran a las capas freáticas?

Hay más.
Si esos señores, que se aceptan delincuentes de dimensión continental, que han suscrito convenios de centenares de millones de dólares a pagar en plazos largos, se declaran insolventes, dónde está la garantía para los pagos subsiguientes, si ni siquiera se han reservado derechos sobre sus bienes locales, ni se les ha ejecutado la garantía de fiel cumplimiento, por sus tardanzas en la ejecución de las obras contratadas y por los sobornos admitidos que se penalizan en el convenio entre las partes.
Y otra: el destino del dinero.

Siendo el Poder Judicial un poder para sí, de más en más, podría ser un estímulo a la demarcación adecuada de ese ámbito el que ese dinerito se destine a su fortalecimiento en su totalidad, con lo que la persecución del delito fiscal o de la corrupción sea una tarea atractiva para un Ministerio Público y un Poder Judicial profesionalizados, con recursos para combatirlo.



José Israel Cuello
Investigador Asociado: Pablo Alejandro Cuello Camilo.
Hoy

Daniel Santos: Niégalo todo / Audio

1978 - Daniel Santos con Alfredo 'El Pollo' Gil y su Conjunto / Canta Los Grandes Éxitos de Julio Jaramillo / FTA - FLPS - 285

No encontramos mejor fecha que esta para estrenar esta escurridiza canción, difícil de hallar, hoy a disposición de todos los coleccionistas de Daniel Santos. ¡Disfrútenla!

Marihal / DLRD

El Pulpo Cojo

Recuerdo de Bávaro

Uno de los restaurantes más lindo que ha tenido Bávaro en toda su existencia.

La mejor paella de la zona y el mejor arroz mallorquín (arroz brut) que hubiésemos probado jamás.

Exterminado para siempre por un voraz incendio hoy lo recordamos con nostalgia.

Gratos momentos que rememoramos hoy, Día de San Valentín.

Marihal / DLRD

Asesinan periodistas mientra transmitían en vivo boletín de noticias / Vídeo

Vídeo de la transmisión en vivo por Facebook

SE ESCUCHAN DOS DISPAROS Y LUEGO SE CORTA VÍDEO

Vídeo: Juan Sierra

En San Pedro de Macorís

San Pedro de Macorís.-Desconocidos asesinaron esta mañana al locutor y periodista Luis Manuel Medina y al director de la emisora Leo Martínez en momentos en que daban lectura al boletín informativo  en la emisora FM 103, localizada en el segundo nivel del supermercado Jumbo en esta ciudad.

En el tiroteo resultó herida de gravedad la secretaria de  esta emisora, cuyo nombre  no se ha podido obtener.

Los cuerpos sin vida de los comunicadores Medina y Martínez, todavía yacn  tirados en estos momentos en el interior de esa emisora en espera del médico legista.

Los disparos causaron daños a los cristales de dicha emisora, propiedad del chino Joaquín Chea.

Toda el área de ese establecimiento comercial ha sido acorralada por agentes policiales.

Mientras que los ejecutivos del supermercado, cerraron las puertas como medida de prevención

Se cree que quienes dispararon  se encuentran en el interior del supermercado.

Una gran cantidad de comunicadores entre lágrimas y lamentos, se encuentran frente a dicho establecimiento comercial, tratando de obtener más datos sobre ese incidente que ha concitado la atención de la población.

Manuel Ozoria
El Nacional

Son dos locutores asesinados

Listín Diario

Cae estrepitosamente imagen de Danilo Medina a nivel continental

La imagen continental del presidente dominicano Danilo Medina es denigrante para un mandatario que otrora lideraba en Aprobación Presidencial.

Medina no saca un voto en encuesta de Aprobación Presidencial
El presidente Danilo Medina quedó fuera de una lista que presenta este lunes a los jefes de Estado que gozan del mayor porcentaje de aprobación en América Latina y el Caribe, de acuerdo a la firma internacional Ipsos Public Affairs.

El ganador de la encuesta de “Aprobación Presidencial” fue el gobernante colombiano Juan Manuel Santos, quien obtuvo el 74 % de los votos, superando por cuatro puntos a su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez (70 %) y a otros nueve mandatarios que figuran en la lista.

Además de Santos y Vázquez, con calificaciones por encima del 50 por ciento estuvieron los presidentes: argentino Mauricio Macri (64 %), peruano Pedro Pablo Kuczynski (61) y la chilena Michelle Bachelet (58 %).

“Las evaluaciones que aquí se ven reflejadas no son representativas de las sociedades latinoamericanas, sino que muestran la opinión de los ciudadanos más informados e influyentes en el desarrollo de la opinión pública: Líderes de opinión destacados que difunden regularmente sus puntos de vista en los medios de comunicación de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y una muestra representativa de América Central y el Caribe”, explicó Ipsos Public Affairs.

La firma agregó que los gobernantes  de menor aprobación son el boliviano Evo Morales (41 %), el ecuatoriano Rafael Correa (36 %), cubano Raúl Castro (31), brasileño Michel Temer (30 %), mexicano Enrique Peña Nieto (25 %) y el último lugar el venezolano Nicolás Maduro, con apenas un seis por ciento.

La medición de “Aprobación Presidencial” se realizó del 11 de noviembre de 2016 al 23 de enero de 2017, con una muestra de 295 personas de 14 países de América Latina.

En el siguiente enlace la encuesta completa: http://www.ipsos.pe/sites/default/files/6300416INF_V4_06Feb17.pdf

Samuel Guzmán
El Nuevo Diario

Todos a firmar!

¡A firmar!
El Libro Verde sigue provocando adhesiones. Su firma recoge una crónica inédita en la historia de nuestras ausencias. La gente, sin más motivo que su arrojo, acude a los puntos de firma para sumar voluntades en una petición popular cada vez más robusta.

Podrán presumir miles de motivos espurios y prejuiciosos, pero jamás borrar las imágenes que compilan esta nueva historia. Son memorables los pequeños momentos de gloria, como el que protagonizó una anciana cuando empuñaba con torpeza el bolígrafo para dejar en sus trazos la huella más firme de sus convicciones, o la del empleado público que en las sombras convenció a un primo a que lo hiciera por él, o el caso de Abel María Cepín, un suboficial de la Policía Nacional que fue destituido por haber cometido el crimen de firmar.

Obreros, empleados, profesionales, empresarios, maestros, campesinos, universitarios,  jueces, artistas y jubilados han acudido sin llamarlos y han buscado, por propia cuenta y diligencia, información sobre los puestos de firma. Algunos han ido en comitiva familiar; otros, junto a compañeros de trabajo, aprovechando los espacios libres de su jornada laboral.

Esta manifestación es la negación más rotunda de lo que ha sido el patrón de participación social en nuestra tradición política, definida, en los hechos, como un proselitismo usurero en el que la gente asiste por un trato económico o por alguna expectativa retributiva. Entender y aceptar este proceder ciudadano entraña un reto indescifrable para el común de los actores políticos, acostumbrados al tráfico barato de las masas mórbidas, por eso algunos buscan motivos desesperados que solo hallarán en el fondo de sus paranoias o en el frío y cortante silencio de su miedo.  

La avalancha de Odebrecht trae en su desbocado tropel mucha basura que promete sepultar aún más impunidades. Esta vez no podrán tapar, disimular ni barajar; están turbados y con el juego trancado. Nunca sospecharon que sus negros desmanes iban a ser desarropados a pleno sol de su vergüenza porque se creían gigantes acorazados con blindajes impenetrables de impunidad. Siempre contaron con una sociedad sumisa, enajenada y rendida. Ahora serán náufragos de la tormenta perfecta: un escándalo que amenaza con aplastar toda resistencia y una sociedad dispuesta a reclamar cada centavo.

El Libro Verde no es un simple asiento de firmas, es un repertorio testimonial de un nuevo sueño. La gente aspira a ver, vivir y legar en un país seguro donde impere el respeto a la ley y en el que la autoridad se ejerza con sujeción al orden. El Libro Verde es la memoria de una participación democrática diferente: de abajo hacia arriba; un repudio concluyente al modelo de dirección concentrado de decisión social; un ejercicio soberano y pleno de otra raigambre democrática, negada o usurpada por viejos y decadentes actores.

Qué pena que un esfuerzo de esa talla no haya sido asimilado en su justo espíritu por una clase gobernante asustadiza que de cualquier guiño alucina con fantasmas golpistas. Esta vez no pasarán, repito, ¡no pasarán! Tendrán que ver lo que es capaz un pueblo cuando jura no prestar su destino. ¡Todos a firmar!


José Luis Taveras
Letras libres
Acento

Frases célebres: Bernardo Vega

"A veces es útil mirar hacia nuestro pasado para ver cuánto nos hemos desviado. Valdría recordar que cuando Juan Bosch fue presidente sugirió que se incorporara en la Constitución de 1963 el concepto de la “muerte civil”, es decir la pérdida de todos los derechos civiles y de la personalidad jurídica, lo que conlleva a la privación general de los derechos. Es decir que a los efectos jurídicos la persona dejó de ser viva mucho antes de su muerte física. Bosch concibió ese concepto para los que robaban al Estado. Hoy día sus discípulos, a través de la corporación PLD, C. por A., ocultan el robo entre sus miembros, a no ser que tengan la mala suerte de que el hurto fue denunciado desde el extranjero y aún así esos casos se investigan más lentamente que en otros países".


+ Expresadas por el exgobernador del Banco Central e historiador, en su artículo del diario Hoy: 'Temor a la macroeconomía de Trump'.



Luis Del Monte / DLRD

El PLD se enfrenta a sí mismo

Problemas para la marca PLD
Cualquiera pensaría que lo realmente difícil es conseguir que una empresa reconozca que ha pagado sobornos (o comisiones, peajes...) Callan porque “delatar” les cierra las puertas a otros contratos. En el caso Odebrecht, que sigue liderando las noticias en el continente, la empresa ha confesado con nombres y apellidos quién y para quién cobraba el dinero que le facilitaba “llave en mano” los millonarios contratos.

Por eso cuesta creer que con acuerdos de pago ya consensuados aquí no sepamos todavía quién está disfrutando los 92 millones de dólares. Y si en los demás países la novela ya ha llegado al capítulo de las detenciones y las huidas... ¿por que aquí no, si la investigación llegó a todos desde la misma fuente, Estados Unidos?

El PLD se enfrenta a sí mismo, a falta de una oposición contundente. Ha protegido por tanto tiempo y con tanta vehemencia a sus “sospechosos habituales” que ahora es difícil desdecirse. Es su asignatura pendiente.

Punta Catalina se ha cruzado en medio del proceso, complicando la vida del gobierno. Dado todo lo confesado por Odebrecht, parece más pertinente demostrar que en este caso NO hubo malas prácticas que conseguir las pruebas de que sí las hubo.

Percepción y confianza. Dos palabras bastante complicadas. Desmontar un percepción requiere sustituirla por otra y eso lleva tiempo. La confianza perdida es aún más difícil de restaurar. El gobierno y su partido jugaron la carta de dejar pasar el ruido, como tantas otras veces. Midieron mal la profundidad del disgusto y el nivel de información que maneja el ciudadano.

Eso es algo raro. En temas de mercadeo de marca el PLD es fantástico.


Inés Aizpún
IAizpun[@]diariolibre.com
AM
Diario Libre