En el expediente presentado al Juez de la Instrucción por el Procurador General, en los nombres de relevancia que figuran concurren tres criterios para la imputación:
1º.- Ser titulares del ministerio o institución constructora de la obra contratada con Odebrecht. Estos son los casos de: Roberto Rodríguez, director de INAPA, César Sánchez y Radhamés Segura, vicepresidentes de la CDEEE, Víctor Díaz Rua, Obras Públicas. La inclusión de Temístocles Montás es por su papel como Secretario Técnico de la Presidencia para la aprobación de los contratos por el Poder Ejecutivo.
2º.- Ser titular de una de las cámaras legislativas en el momento de aprobación de los contratos. Estos son los casos de Andrés Bautista, Alfredo Pacheco, Julio César Valentín, el primero del Senado y, los otros dos, en la Cámara de Diputados. Tommy Galán por presidir la Comisión de Hacienda del Senado, cuya recomendación es clave para la adopción de este tipo de contratos.
3º.- Haber incrementado de forma notoria su patrimonio durante o inmediatamente después de la función pública referida.
Siguiendo estos tres criterios, el Procurador debió incluir en el expediente a otros altos funcionarios y legisladores. Me refiero a Reinaldo Pared y Cristina Lizardo, jefes del “lodazal” y que aprobaron el 91% de los contratos de Odebrecht; Abel Martínez que con mallete en manos y su “voten honorables” es co-responsable de muchos de los contratos; Gonzalo Castillo, titular en los últimos 5 años de Obras Públicas y responsable de muchas obras de Odebrecht y Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, responsable de la contratación de Punta Catalina.
La investigación tiene que incluir a Danilo Medina, quien tuvo como asesor en su campaña y reelección a Jõao Santana y a Mónica Moura, piezas claves de la empresa delincuente para la distribución de los fondos para la financiación ilícita de las campañas en el país, como admite Temístocles Montás en su carta del pasado 2 de los corrientes, en violación de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley Electoral 275-97. También faltan en la investigación los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía.
En los tres casos la concertación y ejecución de la mayoría de las obras coincidió con los periodos de sus proyectos reeleccionistas: Hipólito Mejía en el 2004, Leonel Fernández en el 2008, y Danilo Medina en el 2012 y el 2016. ¿Cómo creer, en un país presidencialista como este, que las 17 obras por las que Odebrecht pagó US$92 millones en sobornos entre 2001 y 2014, la decisión de su contratación la iban a tomar exclusivamente estos ministros y legisladores al margen de los proyectos reeleccionistas en pie en cada momento?
El manifiesto encubrimiento por el Procurador de muchos receptores de sobornos en el expediente es lo que envalentona a Temístocles Montás a incluir en la referida carta nombres que insinúa deben ser investigados. Específicamente menciona a Vicente Bengoa, Rafael Toribio, Simón Lizardo, Gonzalo Castillo y el Ing. Mariano Germán. Sin dudas se trata de una advertencia a Danilo Medina y a Leonel Fernández porque ambos saben que él tiene informaciones que si revelara haría caer al gobierno de Danilo Medina. Temístocles Montás, claro está, no busca hacer un aporte a la justicia del país, sino ejercer presión para salvar “su pellejo”.
Esta ‘rebelión en la granja’ que encabeza Temístocles está moviendo a sectores del oficialismo a buscarle “bajaderos” a la situación de los implicados para ofrecerles salidas de impunidad legitimadas judicialmente. Con esos fines ya se ha establecido un “corredor” entre el Palacio de Justicia y el Palacio Nacional.
Todo esto retrata el curso que se pretende darle al expediente. No olvidemos que esta es una justicia bajo el control directo del partido oficial y del propio Presidente de la República y que, de modo reiterado y a lo largo de todos estos años, ha garantizado impunidad a todos los corruptos del partido oficial.
Por tanto, no esperemos que sean juzgados todos los responsables ni sancionados ejemplarmente todos los que sean juzgados. La sed de justicia acumulada por décadas por el país no será saciada por la iniciativa propia de ese Ministerio Público ni de ese Poder Judicial servil a los intereses del poder político.
La única posibilidad de que la lucha contra la corrupción y la impunidad dé frutos, en estos momentos depende exclusivamente de la movilización ciudadana y de la vigilancia y presión de la opinión pública.
Llegó el momento de soltarle las manos a la gente para que, en el marco del carácter ciudadano, popular, no partidista y pacífico de esta lucha, tome iniciativas y se exprese cotidianamente en los barrios, comunidades, parques, plazas y de mil formas más. Hay que desplegar en los territorios y las calles un diálogo directo con la gente, impulsar en cada localidad asambleas ciudadanas de participación abierta y directa, profundizar aun más la conciencia sobre la corrupción y la impunidad y los peligros que acechan. Es la hora de que el movimiento verde se profundice y amplíe y se transforme en toda la nación en movimiento.
Guillermo Moreno
En Directo
Diario Libre
