La desvergüenza lleva a legisladores y altavoces mediáticos a pretender justificar con subterfugios otro engendro pro más corrupción mediante la exclusión del artículo 85 del Código Procesal Penal que impide a los ciudadanos querellarse contra funcionarios públicos vinculados a operaciones dolosas
La falacia parte de que en este país se respeta la denuncia.
Es llover sobre mojado repetir que el gobierno y sus funcionarios se burlan de las denuncias.
Si se respetaran se encaminaran procesos judiciales tras los sucesivos escándalos de corrupción en casi todas las esferas gubernamentales.
Hay sobrantes pistas. Bastaría revisar seriamente archivos de los canales televisivos, emisoras radiales, diarios impresos, de los medios digitales, los programas individuales transmitidos por las distintos medios, las denuncias de entidades sectoriales, las de grupos en los barrios, las de personas afectadas, los artículos de columnistas, etc., etc.
Pero la seriedad es una especie extinguida en las esferas que deben velar por los recursos públicos.
La ausencia de empeño para investigar la corrupción gubernamental ha seguido un proceso durante la partidocracia que ha secuestrado este país, precipitándose de manera asombrosa en los gobiernos del PLD, los más corruptos y auspiciadores de la impunidad en la historia dominicana.
Quien demuestre lo contrario, haría un gran aporte a la conciencia ciudadana, particularmente a las nuevas generaciones.
Los historiadores, periodistas de investigación, expertos en estadísticas e individuos en general, que crean que en períodos de la historia dominicana, ha existido más corrupción e impunidad que en los gobiernos morados debieran demostrarlo.
Sacar el artículo 85 del Código Procesal Penal es una acción alevosa y premeditada orientada al incremento de la corrupción en el presente y en el futuro.
A nadie sorprende que manos moradas se levanten eufóricas nuevamente para favorecer trabas “legales” contra el legítimo derecho ciudadano a procesar actos corruptos.
Carentes de vergüenza, los legisladores aprueban esos proyectos que se suman al acumulo de inmoralidades en el tiempo de la impunidad que se extiende en el país con los gobiernos del PLD.
Sin derrotismo alguno, se impone resistir con civismo y dignidad a este nuevo arrebato y atropello a derechos elementales que se creían conquistados en base a sucesivas gestas de sacrificios y sangre derramada.
Es un desafío intransferible de las presentes generaciones dominicanas.
Raúl Pérez Peña (Bacho)
lasmanaclas@gmail.com
PANCARTA
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